La crisis humanitaria en la región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, continúa sin una solución clara, a pesar de las medidas tomadas para mitigar los efectos del conflicto armado que afecta a la zona. En un reciente pronunciamiento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó que la situación es grave y persiste, aunque con avances en algunos frentes.
“Es una situación que se volvió estable pero que no está resuelta”, aseguró Marín en entrevista con la agencia EFE, refiriéndose a los esfuerzos por atender la emergencia que se ha desencadenado debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que luchan por el control territorial y el tráfico de drogas en la región. Le puede interesar: Gobierno impone nuevos impuestos para financiar crisis en Catatumbo
Uno de los aspectos más destacados es la intervención del Ministerio de Defensa, que ha anunciado un plan de intervención en fases para retomar el control de las zonas afectadas. La defensora señaló que, aunque estas acciones son positivas, la situación sigue siendo compleja y no habrá soluciones inmediatas. “Se han acelerado unas medidas sociales y humanitarias a favor de la región y eso también está bien, pero seguramente vamos a tener que ser pacientes porque no va a ser de la noche de la mañana que esto se resuelva y hay que tener cuidado”, subrayó.
La situación se intensificó el 16 de enero, cuando el ELN lanzó una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC. El enfrentamiento, que persigue el control de territorios clave en el noreste de Colombia, ha dejado al menos 70 muertos y un impacto devastador en la población civil.
En ese contexto, más de 54.000 personas fueron desplazadas en un mes, una cifra sin precedentes en la historia reciente del desplazamiento forzado en Colombia, según explicó Marín. “En el Catatumbo tuvimos (...) en un mes, un desplazamiento masivo de 54.000 personas. De esto no teníamos antecedentes desde que se registra el desplazamiento forzado en Colombia, que es el año 1997″, detalló.
Este desplazamiento masivo superó incluso el mayor desplazamiento registrado anteriormente en Colombia, que ocurrió en 2009 con 11.000 personas desplazadas. La magnitud de esta crisis humanitaria ha generado una respuesta urgente tanto del gobierno como de organizaciones internacionales, pero el proceso de retorno de los desplazados es lento y complicado.
A un mes de los eventos que desencadenaron el desplazamiento, algunas de las personas que se habían mudado a ciudades cercanas como Cúcuta, Ocaña y Tibú han comenzado a regresar a sus hogares. Sin embargo, la defensora enfatizó que este retorno debe llevarse a cabo bajo condiciones de seguridad que, por el momento, no existen. “Si bien se estabilizaron los números de personas desplazadas, inclusive algunas retornaron, muchas de las que retornaron han vuelto a salir” debido a los continuos enfrentamientos en la zona.
Marín también expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan los desplazados que intentan retornar a sus tierras, al no contar con las garantías mínimas de seguridad. “El retorno no se va a hacer de la noche a la mañana porque una de las condiciones del retorno es la seguridad y en este momento no hay condiciones de seguridad en el Catatumbo”, indicó.
La situación también afecta a quienes, por amenazas, no pueden permanecer en otras ciudades como Cúcuta u Ocaña, lo que agrava aún más la crisis humanitaria.
La Defensora del Pueblo concluyó que, a pesar de los esfuerzos del gobierno y de las organizaciones humanitarias, la solución a la crisis en el Catatumbo requerirá tiempo, paciencia y un compromiso continuo para garantizar la seguridad de los habitantes en la región.