Un nuevo revés judicial sufrió el Ministerio de Salud este viernes, luego de que la Corte Constitucional negara los recursos presentados en torno a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos (PM). Con esta decisión, la entidad queda obligada a cumplir con las órdenes impartidas por el alto tribunal en estos dos frentes financieros clave del sistema de salud.
A través de dos autos firmados por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Corte dejó en firme sus disposiciones respecto al pago de los presupuestos máximos de 2022 y de julio a octubre de 2024, además de la insuficiencia y el recálculo de la UPC para 2024 y los años futuros, incluido 2025.
El tribunal cuestionó la argumentación del Ministerio de Salud al considerar que no cumplió con la carga argumentativa necesaria en sus solicitudes. En particular, criticó que la cartera de salud intentara rebatir el fondo de la providencia y planteara dudas sobre las competencias de la Corte.
“Argumentos que buscaban discutir el fondo del asunto, lo cual no está permitido para las solicitudes de aclaración de providencias judiciales conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional”, señaló el alto tribunal en su decisión. Lea: Corte anuló ajuste de la UPC 2024 y ordenó nuevas medidas urgentes
Asimismo, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 indicó que las órdenes impartidas se fundamentaron en la información suministrada por el propio ministerio, aunque advirtió que esta “no resulta suficiente ni completa, a pesar de los requerimientos efectuados y oportunidades otorgadas”.
Órdenes de la Corte
Con esta determinación, la Corte Constitucional reiteró que el Ministerio de Salud deberá acatar sus instrucciones sin posibilidad de presentar nuevos recursos. Entre las disposiciones confirmadas, se encuentran:
- La creación en un plazo de diez días de una mesa de trabajo con los actores del sistema de salud para concertar la UPC.
- La presentación en un mes de un informe que justifique la fijación de la UPC de 2025.
- El desarrollo en un plazo de tres meses de una herramienta que permita verificar la información relacionada con la UPC.
- El cumplimiento de los demás términos establecidos en el Auto 007 de 2025.
En cuanto a los presupuestos máximos, la Corte accedió a aclarar dos numerales de la solicitud del ministerio, señalando que las órdenes deberán cumplirse en un plazo de 18 días calendario desde la notificación de la decisión.
No obstante, el alto tribunal expresó que no fue así con otros puntos señalados por la cartera de salud —que pedían precisión sobre si la Sala se estaba tomando facultades de la entidad— debido a que “no demostró la existencia de conceptos, frases o palabras con contenido ambiguo o confuso que generen duda y contrario a ello, buscó discutir el fondo del asunto”.
Adicionalmente, la Corte decidió corregir dos numerales del auto y dos ordinales de la parte resolutiva por considerar que “se trata de errores por cambio de palabras o alteración de estas” y porque “los yerros se encuentran tanto en la parte considerativa como resolutiva de la providencia”.
Con esta decisión, se mantiene la orden de pagar los presupuestos máximos reconocidos para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024 en un plazo de 18 días calendario, así como los correspondientes a noviembre y diciembre en el mismo tiempo estipulado. Para 2025, el pago deberá realizarse dentro de los primeros 15 días de cada mes, con excepción de los de enero y febrero, que deberán ser desembolsados en los últimos 10 días de febrero.
Además, se ordenó que en un plazo de 48 horas se pague el valor correspondiente al ajuste de los PM de la vigencia 2022 y que se cree una metodología unificada para su definición y reajuste.
Contra esta providencia no procede ningún recurso, lo que significa que la cartera de salud deberá ejecutar las disposiciones sin opción de apelación. El fallo supone un duro golpe para el Ministerio de Salud y para el Gobierno, que deberá encontrar mecanismos para cumplir con lo ordenado por el alto tribunal en los plazos establecidos.