La Fiscalía General de la Nación precisó este jueves que la suspensión de las órdenes de captura emitidas en Colombia contra Andrés Rojas, alias “Araña”, no anula las circulares rojas de Interpol, lo que permitió su reciente detención en Bogotá.
El negociador del proceso de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) fue arrestado en cumplimiento de una notificación internacional, emitida a solicitud de un tribunal de Estados Unidos que lo investiga por presuntos delitos de narcotráfico.
La captura de Rojas ocurrió en un hotel de la capital, en el marco del cierre del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno y la CNEB. Aunque en abril de 2024 la Resolución 0-0139 dispuso la suspensión temporal de las órdenes de captura contra los miembros de la insurgencia involucrados en las negociaciones de paz, la Fiscalía explicó que esta medida no incluyó las circulares rojas emitidas por organismos internacionales como Interpol. Le puede interesar: Detienen a delegado de las disidencias, tras diálogos de Paz en Bogotá
El ente acusador detalló que las órdenes de captura nacionales y las solicitudes internacionales tienen efectos distintos. Mientras la primera puede ser suspendida en virtud de acuerdos de paz, la segunda responde a compromisos internacionales y no está sujeta a dichas disposiciones.
Según informó la Fiscalía, la circular roja contra Rojas está vinculada con acusaciones de tráfico de estupefacientes, lo que motivó su aprehensión. “La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado ‘Comandos de la Frontera’, estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos”, detalló el organismo en un comunicado.
El equipo de fiscales detalló que la captura fue una acción ejecutada por orden de la autoridad judicial competente, que respondió a la alerta internacional. A pesar de la detención, los funcionarios indicaron que la investigación continúa y la situación de Rojas deberá ser evaluada conforme a las normativas internacionales de extradición y el marco legal de Colombia.
El arresto del negociador generó reacciones tanto en el Gobierno como en la insurgencia. Walter Mendoza, comandante de las disidencias de las FARC autodenominadas Coordinadora Nacional Bolivariana, manifestó su inconformidad y advirtió que la captura representa un golpe severo al proceso de paz. A su juicio, esta acción judicial pone en entredicho la confianza en los diálogos y la continuidad de los acuerdos con el Ejecutivo.
Por su parte, Otty Patiño, Consejero Comisionado de Paz, expresó su preocupación por el impacto de la detención en las negociaciones. “La acción judicial podría ser vista como un obstáculo para el avance del proceso de paz”, afirmó Patiño. Recordó además que “los negociadores de la CNEB habían recibido beneficios en cuanto a la suspensión de órdenes de captura por su participación en los diálogos con el Gobierno”.
A pesar de la controversia, la Fiscalía sostuvo que la captura de Rojas se ejecutó en respuesta a la alerta internacional y conforme a la normativa vigente. Su situación legal ahora deberá ser analizada bajo los parámetros del derecho internacional y los tratados de extradición suscritos por Colombia.