Este lunes se retomó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta un proceso por los delitos de soborno y fraude procesal. La audiencia, celebrada en Bogotá, contó con la presencia del exmandatario y la intervención de su abogado defensor, Jaime Granados, quien expuso su teoría del caso.
Mientras la diligencia avanzaba en los estrados judiciales, en las afueras del complejo se congregó un grupo de personas en respaldo a Uribe. Paralelamente, las víctimas del proceso hicieron pública su intención de solicitar acompañamiento internacional para garantizar la transparencia del juicio.
Horas antes del inicio de la audiencia, las víctimas del caso anunciaron que solicitarán observación internacional con el objetivo de que se asegure el cumplimiento de la justicia y el respeto por los jueces y magistrados involucrados en el proceso. Lea: Álvaro Uribe se declaró inocente en medio del juicio en su contra
En un comunicado divulgado por el senador Iván Cepeda, se anunció que “la bancada de víctimas anuncia que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, y a organismos no gubernamentales reconocidos internacionalmente, para que designen observadores internacionales que acompañen el juicio, en procura de asegurar el cumplimiento del derecho a la justicia y el respeto por los jueces y magistrados que la imparten”.
Entre los argumentos de la solicitud, las víctimas sostienen que Uribe y su círculo político más cercano han promovido una campaña de desprestigio contra los jueces y magistrados que han participado en el caso. Además, señalan que el expresidente ha recurrido a distintas maniobras para que la acción penal prescriba. La primera de estas fue su renuncia a la curul de senador el 18 de agosto de 2024, con la que intentó en varias ocasiones cerrar el caso a su favor mediante solicitudes de preclusión.
Un proceso de más de seis años
El caso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia investigaba al senador Iván Cepeda tras un debate de control político en el que presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos armados en Antioquia. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando varios testigos comenzaron a retractarse y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció presiones para cambiar su testimonio. Ante estos hallazgos, la Corte cerró la indagación contra Cepeda y abrió un proceso contra Uribe.
En 2019, la Sala de Instrucción del alto tribunal citó a Uribe a indagatoria ante el magistrado César Reyes y, en agosto de 2020, ordenó su detención domiciliaria. No obstante, antes de ser acusado formalmente, el exmandatario renunció al Congreso, lo que trasladó su expediente a la Fiscalía General de la Nación.
Desde entonces, la Fiscalía intentó en dos ocasiones archivar el caso mediante solicitudes de preclusión presentadas por los fiscales Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, ambas rechazadas por los tribunales. Dos juezas negaron la preclusión solicitada por Jaimes y Cárdenas, este último apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Tras la negativa del Tribunal a la segunda petición, el camino hacia el juicio quedó despejado.
Durante la última audiencia, la Fiscalía anunció que además de los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, se investigará a Uribe por el delito de soborno. Este nuevo cargo está relacionado con el caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, quien, según las investigaciones, habría recibido una oferta de soborno por parte del abogado Diego Cadena.