En Colombia, la tenencia de mascotas, especialmente en conjuntos residenciales, ha llevado a la implementación de normativas que buscan garantizar la seguridad de los habitantes y la convivencia entre vecinos. En este sentido, la Ley 746 de 2002 y el Código Nacional de Policía establecen reglas estrictas para la tenencia responsable de perros catalogados como potencialmente peligrosos.
De acuerdo con el artículo 108F de esta ley, los propietarios de estos animales deben acatar medidas de seguridad al circular en espacios comunes dentro de conjuntos residenciales. Entre los requisitos obligatorios se encuentra el uso de correa y bozal cuando los perros transiten por áreas compartidas con otros residentes, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan afectar a personas o a otras mascotas.
La legislación contempla que algunas razas, debido a su fuerza o antecedentes de agresividad, requieren mayor control en entornos residenciales. Entre los perros considerados potencialmente peligrosos se encuentran el pitbull terrier, dogo argentino, rottweiler, staffordshire terrier, fila brasileiro, bullmastiff y dóberman, entre otros. Sin embargo, la norma también se extiende a canes que, sin pertenecer a estas razas, han demostrado comportamientos agresivos o han sido entrenados para la defensa. Lea: Héroe de cuatro patas: perro pelea con leopardo para proteger a su dueña
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear sanciones económicas considerables. La normativa establece que quienes no cumplan con las medidas de seguridad pueden enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), lo que en 2025 se traduce en una sanción de $711.750. Además de la multa, en ciertos casos, la ley contempla la posibilidad de separar al animal de su propietario si representa un riesgo para la comunidad.
Es importante destacar que cada conjunto residencial cuenta con un reglamento interno que, si bien no puede prohibir la tenencia de mascotas, sí tiene la facultad de regular la forma en que deben manejarse en las zonas comunes. De esta manera, se busca prevenir conflictos entre los residentes y garantizar un ambiente seguro para todos los habitantes.
Cabe recordar que esta normativa también aplica para aquellos caninos que, sin pertenecer a las razas mencionadas, tengan comportamientos agresivos o hayan sido entrenados para la defensa y puedan representar un peligro para otras personas dentro de los conjuntos residenciales.
El cumplimiento de estas normas es fundamental para mantener la armonía en los espacios compartidos y evitar sanciones que puedan afectar tanto a los dueños de las mascotas como a la convivencia dentro de los conjuntos residenciales. De igual forma, es crucial que los propietarios sigan las recomendaciones establecidas en la ley, con el fin de garantizar una convivencia sana y sin conflictos en las áreas comunes de los complejos habitacionales.