El ciclo escolar en Colombia para el año 2025 ha comenzado, y con él, miles de colegios abrieron sus puertas para recibir a los estudiantes de preescolar, básica y media. Según el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), el país cuenta con más de 43.000 sedes educativas oficiales, tanto públicas como privadas, que operan bajo los lineamientos establecidos en sus manuales de convivencia.
Si bien cada institución tiene la facultad de crear sus propias normas, estas deben alinearse con la legislación nacional, garantizando que no se vulneren los derechos de los estudiantes. Sin embargo, con el inicio de las clases, tanto influencers como abogados han comenzado a alertar sobre ciertas regulaciones que podrían estar pasando por alto principios fundamentales de la Constitución, lo que podría resultar en sanciones legales para las instituciones. Lea: Regresa la iniciativa ‘Al colegio voy con toda’: ¿De qué se trata?
¿Cuáles son las normas que podrían ser inconstitucionales?
Aunque las instituciones educativas tienen la potestad de definir las reglas de convivencia, algunas de estas han causado controversia y podrían estar violando derechos fundamentales. Entre las regulaciones más comunes que se cuestionan se encuentran las relacionadas con el uso de piercings, el largo del cabello y el uniforme escolar.
El abogado Jackson Peláez, de la firma JPelaez y Abogados, fue claro al señalar que existen al menos dos reglas que los colegios no pueden imponer, ya que contravienen principios establecidos en la Constitución.
En primer lugar, Peláez advirtió que las instituciones no pueden prohibir la asistencia a clases de un estudiante por llevar un piercing o por tener el cabello largo, incluso si esta norma figura en los manuales de convivencia. “La Constitución Política y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos deben prevalecer ante cualquier regulación que intenten imponer”, expresó Peláez en un video difundido a través de TikTok.
Además, otra restricción que está siendo cuestionada es la relacionada con el uniforme escolar. Según el abogado, las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, no tienen la facultad de negar el acceso a clases a un estudiante por no llevar el uniforme completo. Esto incluye situaciones donde un estudiante no pueda contar con el uniforme adecuado debido a dificultades económicas. “Si un estudiante no tiene los tenis del colegio o no puede comprar el uniforme completo, no se le puede impedir el ingreso, ya que esto vulneraría su derecho a la educación”, afirmó Peláez.
¿Cómo actuar ante una norma escolar ilegal?
En caso de que un estudiante se vea afectado por alguna norma que considere ilegal, es esencial primero verificar si esta infringe los derechos constitucionales o las normativas educativas del país. Para hacerlo, se pueden revisar los siguientes documentos clave:
- La Constitución Política de Colombia (Artículos 13, 44, 67 y 68).
- La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).
- El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
- Las sentencias de la Corte Constitucional que tratan sobre los derechos de los estudiantes.
Si tras revisar la normativa, se considera que una regla vulnera los derechos del estudiante, el siguiente paso sería presentar una queja formal ante la Secretaría de Educación correspondiente, ya sea municipal o departamental. Es importante que los padres o representantes estén atentos a las regulaciones del colegio y actúen rápidamente si se encuentran con normas que atenten contra los derechos fundamentales.
Posibles sanciones para los colegios que incumplen la ley
Las instituciones educativas que no respeten los derechos constitucionales de los estudiantes pueden ser objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes. Estos castigos pueden ir desde advertencias hasta la obligación de modificar sus manuales de convivencia y garantizar el acceso pleno a la educación. Las escuelas deben ser conscientes de que la legislación en Colombia garantiza el derecho a la educación, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
En resumen, los colegios deben asegurarse de que sus reglas estén alineadas con la ley y respeten los derechos fundamentales de los estudiantes. Las restricciones que afecten la libertad personal o el derecho al acceso a la educación pueden ser consideradas ilegales, y las instituciones que las apliquen se exponen a sanciones legales. Es fundamental que padres, estudiantes y la comunidad educativa en general estén informados sobre sus derechos para actuar en caso de que se presenten situaciones de vulneración.