La jueza 44 de conocimiento de Bogotá rechazó la solicitud del abogado Jaime Granados Peña de aplazar el inicio del juicio contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunto fraude procesal y soborno. El proceso, programado desde noviembre de 2024, comenzó este jueves 6 de febrero, y Uribe reiteró su inocencia, asegurando: “No hay riesgos de que me vaya a declarar culpable”.
#ATENCIÓN | El expresidente Álvaro Uribe se declara inocente en el inicio del juicio en su contra por fraude procesal y soborno a testigos. pic.twitter.com/ByyyaCf3Pi
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 6, 2025
Granados había pedido que el juicio se postergara hasta el 17 de febrero de 2025, señalando la necesidad de más tiempo para analizar las pruebas recientemente admitidas y garantizar la seguridad del acusado y su equipo legal. Sin embargo, la jueza decidió continuar con el cronograma establecido.
Se refiere a la admisión de las interceptaciones telefónicas que se hicieron en su contra y en las cuales dialoga con su entonces abogado, Diego Cadena, por parte del Tribunal de Bogotá.
En el recurso de apelación, la defensa del exmandatario y el delegado del Ministerio Público objetaron la validez de las interceptaciones telefónicas que fueron realizadas en 2018 a un teléfono erróneamente atribuido al representante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de una investigación relacionada con el escándalo del Cartel de la Toga. Le puede interesar: Uribe pierde apelación: interceptaciones telefónicas serán usadas en juicio
Las conversaciones interceptadas, que en realidad correspondían al expresidente Uribe y su abogado Diego Cadena, fueron posteriormente utilizadas en la medida de aseguramiento ordenada en 2020 por la Corte Suprema de Justicia y en la acusación presentada contra Uribe en mayo de 2024.
La defensa del expresidente argumentó que las interceptaciones fueron realizadas de manera ilegal y violaron el principio constitucional del derecho al secreto profesional entre abogado y cliente. Argumentos con los que no estuvo de acuerdo el Tribunal, quien argumentó que las interceptaciones telefónicas son acordes a lo que establece la ley, garantizando así la protección de los derechos Álvaro Uribe Vélez. Además, la calificó de “estéril”.
Y es ahí donde entra la nueva solicitud de Granados, que no fue compartida por la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas, pero tampoco por la juez del caso, quien ordenó iniciar con la aceptación de cargos o no de Uribe, y la teoría de la Fiscalía.