Este miércoles, representantes legales solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que emita una sentencia contra el Estado colombiano por el asesinato del profesor y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata, ocurrido en el año 2000, y por la impunidad que ha rodeado este crimen. La denuncia destaca que las autoridades colombianas no han garantizado justicia por el homicidio perpetrado por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar.
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Redacción ColombiaEn la audiencia, Jomary Ortegón, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, presentó detalles sobre el caso y la grave situación de derechos humanos que vivió Zapata. La noche del 3 de mayo de 2000, el defensor fue secuestrado por dos hombres vinculados a las AUC, quienes lo asesinaron y abandonaron su cuerpo en las afueras del municipio de Segovia, en Antioquia.
Ortegón explicó que la responsabilidad del Estado es clara, ya que las autoridades colombianas “admitieron que no protegieron la vida de Zapata”, quien era objeto de amenazas por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Le puede interesar: Armando Benedetti sería investigado por presuntos nexos con alias ‘Pitufo’
Zapata, quien integraba el Comité de Derechos Humanos de Segovia, había denunciado las conexiones entre las fuerzas de seguridad colombianas y los grupos paramilitares responsables de las masacres ocurridas en 1988 y 1996.
La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subraya el acoso sufrido por el activista, lo que le obligó a desplazarse a Medellín en 1997 debido a las amenazas de los militares. No obstante, Zapata retornó a su comunidad en 1998, donde fue finalmente asesinado por los paramilitares en 2000.
José Luis Caballero, vicepresidente de la CIDH, expresó que Zapata fue identificado como “enemigo interno” dentro de las políticas antinsubversivas del gobierno colombiano, lo que llevó a su persecución, allanamientos en su hogar y el inicio de investigaciones de inteligencia en su contra. “La CIDH le otorgó medidas de protección en 1998, reconociendo la situación de riesgo en que se encontraba. Sin embargo, el Estado no adoptó medidas suficientes para protegerlo”, afirmó Caballero.
Según la CIDH, el gobierno colombiano es responsable de violar los derechos a la vida, la honra, la integridad, la dignidad, y la libertad de expresión y de asociación de Zapata. La demanda también destaca las deficiencias en las investigaciones judiciales que no han logrado dar con los responsables del asesinato, dejando en evidencia la falta de acceso a la justicia en este caso.
Por su parte, Yebrail Haddad, director de Defensa Internacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, reconoció que entre 1994 y 1997 las autoridades realizaron labores de inteligencia sobre Zapata que “no cumplieron con los estándares de legalidad” y que debido al “hostigamiento del Ejército”, el defensor de derechos humanos tuvo que desplazarse a Medellín. Además, admitió que el retorno de Zapata a Segovia en 1998 “no se realizó con las garantías de seguridad necesarias por parte del Estado”. Sin embargo, el funcionario negó que existan pruebas que vinculen a agentes estatales con el asesinato, señalando que los responsables fueron “grupos al margen de la ley”.
El representante del Estado también reconoció las “demoras en los procesos” judiciales, lo que ha constituido una violación al derecho a un juicio en un “plazo razonable”, y destacó las vulneraciones a las garantías judiciales y al derecho a la verdad en el caso de Zapata.
Tras la audiencia, las partes tienen un plazo de un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH. Se espera que en los próximos meses los jueces emitan una sentencia sobre este caso que ha generado gran preocupación a nivel internacional debido a la grave vulneración de derechos humanos y a la falta de justicia para las víctimas.