La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha formalizado la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), acusados de ser responsables de más de 5.000 hechos violentos ocurridos entre 1990 y 2016 en diversas regiones del país, especialmente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Los imputados están vinculados a crímenes como homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, y ataques contra la población civil en un contexto de “tomas guerrilleras” perpetradas por las estructuras de las FARC. Los crímenes incluyen, además, ejecuciones extrajudiciales, destrucción del medio ambiente y persecución contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que fueron víctimas de estos actos de violencia. Lea aquí: ¿Cómo se verá afectada Colombia con el posible cierre de USAID?
El caso está relacionado con las actividades de varias estructuras guerrilleras, como el Bloque Occidental y el Frente 6º de las FARC, que operaban en municipios como Santander de Quilichao, Suárez, Morales y Caloto, en el norte del Cauca, así como en localidades del sur del Valle del Cauca como Florida, Pradera y Palmira.
Algunos de los exintegrantes más conocidos que enfrentan estas imputaciones son Pablo Catatumbo, exmiembro del Secretariado de las FARC y comandante del Bloque Occidental; Francisco González, exjefe de inteligencia del Bloque Occidental; y Miguel Ángel Pascuas, excomandante del Frente 6º. Además, figuras de alto rango como Carlos Antonio Lozada, Luis Alberto Albán (“Isaza”), y otros excombatientes también están siendo procesados por su implicación en estos crímenes.
La JEP ha señalado que la imputación está basada en una rigurosa revisión de más de 5.000 hechos violentos, con la colaboración de diversas fuentes, entre ellas informes de organizaciones de víctimas, testimonios de excombatientes, documentos de la Fiscalía General, y decisiones previas de la Corte Constitucional.
Además, se ha incorporado el trabajo de la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana, para garantizar la visibilidad de las afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas de la región suroeste del país.
La imputación se formalizó mediante el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05 y, tras su notificación, tanto las víctimas como los imputados y la Procuraduría General de la Nación tienen un plazo de 30 días hábiles para presentar observaciones o impugnar la decisión. Entérate: Procuraduría: cargos a Luis Francisco Cante por presunto acoso sexual
Este periodo también servirá para que se continúe con la recolección de pruebas y se fortalezcan los casos presentados ante la JEP.