La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra varios altos mandos militares y funcionarios públicos del departamento del Atlántico, debido a su presunta omisión en la implementación de medidas frente a la Alerta Temprana N° 037 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo. Esta alerta advertía sobre el peligro inminente de violencia en Barranquilla y los municipios aledaños, ante la presencia de al menos cinco grupos armados ilegales que operan en la región.
Los principales investigados incluyen a Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe, y José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército. Además, varios funcionarios de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, y de los municipios de Puerto Colombia, Galapa y Soledad, también están siendo señalados por no haber tomado acciones preventivas ante los riesgos descritos en la alerta. Te puede interesar: Filtran imágenes de la celda donde está presa Epa Colombia
La Alerta Temprana N° 037, emitida en 2020 y todavía vigente, señalaba que estos grupos armados ilegales, involucrados en actividades como microtráfico, extorsión, narcotráfico y prostitución, representaban una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de las comunidades locales. Entre los sectores más vulnerables se encuentran comerciantes, defensores de derechos humanos, líderes sociales, y personas pertenecientes a minorías como las de diversas orientaciones sexuales e identidades de género.
A pesar de las advertencias claras, los funcionarios investigados habrían incumplido con las medidas de protección necesarias, lo que, según la Procuraduría, habría permitido el agravamiento de la situación de violencia en la zona. Los enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales han afectado especialmente a localidades como Puerto Colombia, Soledad, Malambo y Galapa, generando un clima de temor e incertidumbre.
De acuerdo con la investigación preliminar, entre 2019 y 2023, durante el periodo crítico señalado por la alerta, los responsables de la seguridad en la región no habrían implementado acciones eficaces para frenar la violencia, lo que podría haber facilitado la materialización de los hechos violentos que afectaron a la población local.
Como parte de la investigación, la Procuraduría ha solicitado a los investigados entregar las copias de las acciones emprendidas para dar cumplimiento a los lineamientos de la alerta. Asimismo, se requiere un listado completo de los funcionarios encargados de responder ante la situación.
La Alerta Temprana N° 037 no solo subraya el riesgo para la población en general, sino también las graves implicaciones para la estabilidad social y económica de la región, que, debido a la inacción de las autoridades, continúa siendo un escenario de violencia y conflicto. Entérate: Anuncian fecha en que se resolverá la apelación del caso de Álvaro Uribe
El caso refleja la creciente preocupación por la efectividad de las políticas públicas y la capacidad de las autoridades locales para proteger a la ciudadanía ante la creciente amenaza de los grupos armados ilegales en Colombia.