En medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la región de Catatumbo, en Norte de Santander, el Ministerio de Defensa ha decidido implementar una serie de medidas excepcionales para garantizar la seguridad y el orden público. Según información de Colprensa, la situación en la zona ha empeorado en las últimas semanas debido a la intensificación de la violencia, lo que ha llevado al Gobierno Nacional a declarar el Estado de Conmoción Interior en la región.
Una de las principales acciones anunciadas por el Ministerio de Defensa es la designación de un comandante militar que tendrá la responsabilidad de coordinar las operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en los municipios más afectados por los enfrentamientos.
“El alto oficial tendrá la responsabilidad de planear, coordinar y conducir operaciones militares y policiales necesarias para conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos”, indicó el Ministerio en un comunicado. Lea: Confirman ayuda militar venezolana para combatir al ELN en el Catatumbo
Además de la dirección de operaciones, este comandante será encargado de coordinar los esfuerzos de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública para enfrentar la situación. En ese sentido, se ha habilitado la posibilidad de suspender temporalmente los permisos de porte de armas en las zonas conflictivas, con el fin de reducir el riesgo de violencia armada en la región.
El Gobierno ha reafirmado su compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y ha asegurado que todas las operaciones se desarrollarán respetando los derechos humanos y las normas internacionales. No obstante, la situación en Catatumbo sigue siendo crítica, con un saldo trágico de al menos 60 muertos y más de 41.000 personas desplazadas desde el inicio de la escalada de violencia, que comenzó el pasado 15 de enero tras el asesinato de Miguel Ángel López, un funerario de Tibú.
El presidente Gustavo Petro reveló recientemente que el ataque, que cobró la vida de López y su familia, no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según Petro, este grupo armado movió tropas desde el departamento de Arauca, pasando por Venezuela, con el objetivo de desatar un conflicto planeado en la región.
Los enfrentamientos han provocado un grave desplazamiento forzado de miles de personas. Alrededor de 41.236 habitantes han tenido que huir de municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y Tibú, buscando refugio en zonas como Ocaña, Cúcuta y Tibú, lo que ha puesto una enorme presión sobre los sistemas públicos de atención.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la magnitud del desplazamiento ha colapsado los sistemas públicos de atención y ha llevado a muchas familias a buscar refugio en residencias privadas o incluso a cruzar la frontera hacia Venezuela”.
Así mismo, más de 12.000 personas, incluidas 23 comunidades indígenas de los pueblos Bari y Yukpa, se encuentran confinadas en sus territorios debido a los combates. La situación ha dejado a aproximadamente 46.000 niños y adolescentes sin acceso a educación, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en la región.