La Corte Constitucional de Colombia emitió una sentencia en la que declara que el ajuste realizado a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al año 2024 es insuficiente y no cubre las necesidades del sistema de salud. En consecuencia, según información de Colprensa, la Corte ordenó al Ministerio de Salud implementar una serie de medidas para corregir esta situación y evitar una crisis más profunda en el sector.
La Corte exigió la creación de una mesa de trabajo compuesta por diferentes actores del sector salud, quienes deberán revisar el ajuste de la UPC de 2024. Este grupo de trabajo será responsable de establecer los parámetros mínimos para dicho reajuste, considerando las necesidades del sistema y asegurando que los recursos destinados a la salud sean adecuados. Además, la mesa debe definir la forma en que se reconocerán los reajustes a las EPS, con fechas y porcentajes específicos para el pago de los ajustes.
Colprensa mencionó que el Alto Tribunal también destacó la existencia de un rezago acumulado en el valor de la UPC desde 2021. En este sentido, la Corte ordenó analizar el ajuste de la prima correspondiente a los años 2021, 2022 y 2023, con el fin de determinar los reajustes necesarios para cubrir el desfase histórico. Lea: Procuraduría pide claridad sobre UPC 2025 para evitar colapso
En su sentencia, la Corte fue más allá, alertando sobre posibles problemas para el año 2025 si no se toman medidas correctivas. De manera explícita, se ordenó un reajuste en la metodología de cálculo de la UPC para las vigencias venideras, incluida la de 2025.
Uno de los aspectos más críticos que señala la Corte es la falta de un mecanismo confiable para contrastar los datos reportados por las EPS con los cálculos de la UPC, lo que ha generado una situación de incertidumbre y desajuste en la distribución de los recursos.
La Corte criticó abiertamente al Ministerio de Salud, señalando que “no ha avanzado en la superación de las fallas identificadas en el sistema de información al interior del sistema de salud”. La Corte también advirtió que las frecuencias de uso de los servicios de salud no son confiables y que la información utilizada para calcular la UPC no es de calidad ni suficiente.
En otro aspecto relevante, la Corte indicó que la deuda acumulada por el Estado con las EPS, derivada del incumplimiento en los pagos de la UPC de 2024 y el rezago existente desde 2021, podría ascender a miles de millones de pesos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades prestadoras de salud.
“Según estas cifras, esta corporación no duda de que los actores del sector salud tienen razón cuando reclaman reajustes a la UPC con ocasión de un rezago existente que no será eliminado si no se analiza detenidamente y con ánimo de corrección, el comportamiento del gasto de las EPS”, afirmó la Corte en su pronunciamiento.
Finalmente, la Corte instó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos necesarios para que el Ministerio de Salud cumpla con los mandatos de la Sentencia T-760 de 2008, que establece que la UPC debe ser suficiente para cubrir las necesidades del sistema de salud en Colombia.