La Procuraduría General de la Nación anunció que realizará un seguimiento preventivo al proceso de intervención de la empresa Air-e, tras una solicitud formal presentada por John Maya Salazar, gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Según EPM, esta vigilancia busca garantizar la transparencia y legalidad en las actuaciones de las entidades involucradas.
La intervención de Air-e, dispuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, está orientada a la liquidación de la compañía, una decisión tomada luego de analizar un informe que evidencia graves problemas financieros y operativos. Lea: Superservicios toma control de Air-E: inicia proceso de liquidación
Dicho diagnóstico mostró indicadores financieros negativos durante cuatro períodos consecutivos, atrasos en pagos a proveedores y una ejecución deficiente del plan de inversiones en infraestructura eléctrica, aspectos que afectaban la operación de la empresa y su capacidad de servicio en la región Caribe.
EPM advirtió sobre posibles riesgos en el mercado eléctrico debido a esta situación. En una comunicación firmada por su gerente, expresó preocupación por “una preocupante alteraciones del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”, derivada de las decisiones adoptadas por entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC - XM).
En respuesta, la procuradora general, Margarita Cabello, emitió la Resolución No. 405 del 4 de diciembre de 2024, en la que se designa un equipo de funcionarios para supervisar las acciones administrativas relacionadas con la intervención. Estos funcionarios se encargarán de verificar que las decisiones y procedimientos sean acordes con el marco jurídico vigente.
Como parte del seguimiento, la Procuraduría convocó una mesa de trabajo para el 13 de enero en Bogotá, con el objetivo de analizar el estado actual del proceso de intervención y promover un diálogo entre las partes involucradas. La reunión busca establecer estrategias para proteger los derechos de los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.
La Superintendencia de Servicios ha señalado que, a pesar de la decisión de liquidación, Air-e continuará operando de manera regular para cumplir su objeto social. Este modelo de intervención pretende salvar la estabilidad del servicio eléctrico en la región, así como los derechos de los usuarios.