La Superintendencia de Servicios Públicos (Superservicios) ha emitido este jueves una resolución que establece la modalidad de toma de posesión de la empresa Air-E, con el objetivo de iniciar un proceso de liquidación, pero con una fase inicial de administración temporal que permita a la compañía adoptar las medidas necesarias para reforzar su gestión y garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a los usuarios.
La decisión de la Superservicios fue tomada tras un exhaustivo análisis del “Informe Diagnóstico de Gestión” enviado por el agente interventor de Air-E, que evidenció una grave crisis financiera y operativa en la empresa.
Según el informe, Air-E ha mostrado un deterioro financiero durante cuatro períodos consecutivos, con indicadores negativos que reflejan una grave limitación de liquidez y atrasos en los pagos a proveedores. Estos factores han afectado la capacidad de la compañía para operar de manera eficiente, además de retrasar de manera significativa el cumplimiento de su plan de inversiones en infraestructura eléctrica. Lea: Fondo Nacional de Garantías respaldará a Air-e en la compra de energía
“Air-E presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes”, señaló la Superservicios en un comunicado oficial.
A esta situación financiera se suman serias deficiencias en la infraestructura de la empresa, lo que ha impactado negativamente en la calidad y continuidad del servicio de energía. La intervención, según la entidad reguladora, permitirá que Air-E continúe operando mientras se busca una solución estructural a los problemas que enfrenta, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y asegurar que el servicio no se vea interrumpido.
Este modelo de intervención, que contempla una administración temporal, también servirá para implementar medidas tanto a corto como a largo plazo, que atiendan las deficiencias operativas y técnicas de la empresa. “Esta modalidad de intervención permite abrir un espacio de administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía”, añadió la Superservicios.
La Superintendencia remarcó que, con esta decisión, se garantiza la continuidad en la prestación del servicio eléctrico como un derecho de los usuarios, mientras se toman las medidas necesarias para asegurar que Air-E pueda seguir operando conforme a los estándares legales establecidos.
Cabe recordar que la intervención de Air-E comenzó en septiembre de 2024, luego de que la empresa indicara que los elevados costos de generación y la volatilidad del mercado energético fueron factores determinantes en la crisis financiera que enfrenta. Sin embargo, la junta directiva de la compañía expresó en un comunicado que no comparte el análisis de la Superservicios, calificando algunas de las conclusiones como “imprecisas” y “abiertamente equivocadas”.
Según la junta, la empresa había cumplido con el 90% de los indicadores de gestión y había logrado mantener la calidad del servicio, a la vez que alcanzaba un Ebitda positivo a finales de 2022. Además, argumentaron que la gestión de los cobros pendientes, que ascienden a $5 billones, debería ser responsabilidad del interventor.
Esta resolución de la Superservicios significa un nuevo giro para Air-E, empresa que asumió la prestación del servicio eléctrico en la región caribeña desde 2020, tras la liquidación de su antecesora, Electricaribe. Al igual que su predecesora, Air-E enfrenta un mercado extremadamente complejo, caracterizado por la necesidad urgente de inversiones en infraestructura y altos índices de pérdidas no técnicas, debido a conexiones ilegales que dificultan la recuperación de las inversiones.