La Fiscalía General de la Nación ha imputado al exalcalde de Becerril, Cesar, Juan Francisco Rojas Hinojosa, por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el municipio, un proyecto que aún no ha sido completado ni está en funcionamiento. Entérate: Dos muertes en La Picota reavivan críticas por fallas en seguridad
La investigación se centra en un contrato firmado en enero de 2017, en el que la Alcaldía de Becerril adjudicó el proyecto de alcantarillado a una empresa por un valor cercano a los 4.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, el exalcalde, junto con otras personas, habría manipulado el proceso de contratación para favorecer a un contratista específico, además de modificar varios ítems para autorizar pagos parciales por avances de obra que no correspondían a lo ejecutado.
Como parte de los hallazgos, se determinó que se pagaron más de 1.400 millones de pesos por el cambio completo de la tubería, pero solo se instaló el 75% de la red, lo que generó un detrimento patrimonial superior a los 269 millones de pesos. Además, se identificaron pagos injustificados por 142 millones de pesos por excavaciones que nunca se realizaron.
La investigación también ha revelado el incumplimiento de diversos parámetros establecidos en el Reglamento del Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), como las normas técnicas para la instalación de tuberías y muros, así como fallas en los trámites necesarios ante las empresas de servicios públicos para poner en funcionamiento la estación de bombeo.
A más de seis años de iniciada la obra, el sistema de alcantarillado sigue sin operar debido a la falta de elementos esenciales para su funcionamiento, como la estación de bombeo, líneas de conexión eléctrica, pozos de inspección, tramos de tubería y conexiones domiciliarias. Te puede interesar: Petro lanzó fuerte advertencia a Trump sobre la transición energética
Además del exalcalde, también fueron imputados la exsecretaria de Obras Públicas del municipio, Isabel Cristina León Peñaranda, y el contratista Raúl Alfonso Cardozo Nuncira, quienes enfrentan cargos por su presunta responsabilidad en el caso.