El Gobierno Nacional anunció que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 se incrementará en un 5,36%, alineándose con la inflación observada hasta noviembre de 2024. Esta medida fue justificada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que aseguró que se ajusta a las disposiciones legales vigentes.
“El Ministerio de Salud y Protección Social informa que, para la vigencia 2025, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento del 5.36% considerando la inflación causada a noviembre de 2024 y la actualización en servicios y tecnologías en salud, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales vigentes,” señaló el organismo en su comunicado.
Sin embargo, la decisión ha generado críticas desde diversos sectores del ámbito de la salud. Organizaciones de médicos, clínicas y asociaciones de usuarios habían solicitado al Gobierno un aumento superior a la inflación, debido a la creciente presión sobre los costos del sistema y la percepción de que la UPC ha estado subvalorada durante años. Lea: EPS Sura seguirá funcionando: Supersalud rechazó el retiro voluntario
Álvaro Enrique Molina, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud, fue uno de los más críticos de esta medida. En sus declaraciones, insistió: “Solicitamos al Gobierno Nacional que la determinación de la UPC para el año 2025 debe contemplar la información de todas las EPS en las que se reflejen los usos del sistema, una determinación por debajo de las necesidades que tiene el sistema de salud pondrá en riesgo la vida de los colombianos.”
El Ministerio de Salud defendió la decisión, argumentando que la falta de confiabilidad y las inconsistencias en los informes de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) impidieron realizar un cálculo diferente al ajuste por inflación. De acuerdo con el Ministerio, el análisis de la información presentada por las EPS mostró diversas irregularidades que comprometieron la toma de decisiones.
Entre las inconsistencias identificadas, el Ministerio mencionó lo siguiente:
- Incrementos abruptos en los patrones de severidad y frecuencia de los servicios de salud, que no guardan relación con los comportamientos históricos.
- Certificación de gasto sin cierre de estados financieros.
- Amplia dispersión de valores pagados por los mismos servicios de salud.
- Aumento de las reservas técnicas no concordante con el comportamiento histórico.
- Manejo discrecional de las reservas técnicas.
- Elevados gastos médicos sin la justificación correspondiente.
- Pagos de medicamentos por encima del precio regulado.
El Ministerio también recordó que la Ley 1438 de 2011 obliga a las EPS a presentar información confiable y oportuna. En su comunicado, reiteró que la medida adoptada se basa en el numeral 34 del artículo 2 del Decreto Ley 4107 de 2011, modificado por el Decreto 2562 de 2012. Este establece que, en caso de no poder determinar el valor de la UPC antes del 31 de diciembre, el ajuste se hará automáticamente conforme a la inflación.
Según la entidad, esta situación no es nueva. El Ministerio recordó que en 2010 se presentó una situación similar y que, a lo largo de los años, se han emitido observaciones a las EPS sobre la calidad de los datos entregados.
Finalmente, el Ministerio concluyó que “incrementar la UPC más allá de la inflación causada con información incorrecta sería una medida irresponsable y populista que pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación”, advirtiendo sobre los posibles efectos negativos de una decisión tomada sin la debida veracidad en los datos.