En un acto conjunto realizado en la zona de La Escombrera, ubicada en la Comuna 13 de Medellín, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su firme compromiso con las víctimas del conflicto armado y denunció la persistencia del negacionismo en torno a los hechos de violencia ocurridos en la región.
En el evento, que contó también con la presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, se recordó a las más de 500 víctimas cuyos restos se encuentran en La Escombrera, un lugar que simboliza la tragedia vivida por las comunidades de la Comuna 13.
Marín, durante su intervención, destacó el trabajo incansable de las mujeres buscadoras y las familias de las víctimas, quienes desde hace años han luchado por encontrar la verdad sobre los desaparecidos en el marco del conflicto armado. Lea: Durante la Navidad y el Fin de Año, el ELN anunció cese al fuego
La defensora subrayó que este esfuerzo fue iniciado por ellas en solitario, enfrentando incluso voces escépticas que negaban la existencia de tales crímenes. “Es un trabajo que ellas iniciaron solas, como pioneras, en contra de muchas voces que dijeron que no era cierto. Esas voces cada vez van a ser más marginales, porque lo que se está demostrando es que sí es cierto”, señaló.
En su discurso, Marín hizo un fuerte llamado al reconocimiento de las víctimas y al compromiso con la justicia. En este sentido, afirmó que el Estado debe mantenerse firme en su apoyo a las víctimas y en la lucha contra el negacionismo. “Aquí estamos ante dos Estados que hacen parte de uno mismo. Un Estado que es el que quiero reconocer como Defensora del Pueblo, que es el que mira a las víctimas, que las reconoce, que las escucha, que trabaja para ellas, que trabaja con ellas, que no es cómplice del negacionismo, que más bien sí es una voz que lidera un Estado legítimo en busca de la verdad, la justicia, la reparación y la búsqueda de las personas desaparecidas”, explicó.
Marín también resaltó el trabajo realizado por la JEP y la UBPD, que continúan con las labores de prospección en La Escombrera y en el caso 008. La defensora recordó que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, en sus sentencias de 2014, ya había reconocido la existencia de desapariciones forzadas perpetradas por grupos paramilitares en la Comuna 13, lo que permitió sentar las bases para la búsqueda de los desaparecidos en la zona. “Es el Estado legítimo al que hoy queremos llamar a que sigamos creciendo en función del trabajo con las víctimas y contra el negacionismo”, subrayó.
Sin embargo, también destacó las contradicciones en la postura estatal, al referirse a la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia en 2023. En dicha sentencia, la Corte responsabilizó al Estado colombiano por permitir la alianza entre cuerpos de seguridad y grupos paramilitares, como ocurrió durante la Operación Orión.
“Así fue reconocido en la sentencia de la Corte IDH del año 2023, caso Guzmán Medina contra Colombia, en el que se estableció que Orión constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara para enfrentar grupos que antes hacían presencia y establecer una hegemonía del Cacique Nutibara”, explicó Marín.
La operación, según la defensora, resultó en numerosos crímenes, incluyendo desapariciones forzadas, que no pueden ser justificados bajo ningún pretexto, ya que van en contra de lo estipulado en el artículo 12 de la Constitución, que prohíbe este tipo de crímenes.