La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, fue trasladada a la Estación de Carabineros en Bogotá, tras una orden judicial que ordenó su detención preventiva en el marco de una investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este caso, que ha generado gran revuelo, involucra a varios funcionarios y empresarios en un esquema de corrupción que se aprovechó de la declaración de desastres nacionales y calamidades públicas para direccionar contratos a cambio de sobornos.
El pasado 18 de diciembre, la juez tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió que Ortiz debía ser encarcelada. Inicialmente, la decisión era que la exfuncionaria fuera recluida en la cárcel El Buen Pastor, pero por razones de seguridad, la medida fue modificada y la exconsejera fue trasladada a la Estación de Carabineros, donde se encuentra actualmente detenida. Lea: Caso Ungrd: envían a la cárcel a exconsejera presidencial Sandra Ortiz
El escándalo de corrupción que involucra a Ortiz está relacionado con un supuesto “organización criminal” dentro de la UNGRD, que operaba bajo la dirección de Olmedo López, entonces director de la entidad, y Sneyder Pinilla, su subdirector.Según la Fiscalía, esta red se beneficiaba de los contratos derivados de las emergencias nacionales para el manejo de desastres, los cuales terminaban en manos de empresas vinculadas a Luis Eduardo López, conocido como “El pastuso”, quien controlaba una serie de compañías que habrían sido utilizadas para ejecutar los contratos de forma irregular.
Dentro de este entramado, Sandra Ortiz es señalada de haber entregado $3.000 millones al expresidente del Senado, Iván Name, bajo la instrucción de Carlos Ramón González, lo que la coloca como una de las figuras más altas del gobierno del presidente Gustavo Petro implicadas en este escándalo. La Fiscalía asegura que esta acción formó parte de una estrategia para favorecer a ciertos grupos en la asignación de contratos millonarios, en detrimento de la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
La defensa de Ortiz, encabezada por el abogado Oswaldo Medina, rechazó las acusaciones y afirmó que su clienta ha sido objeto de “presiones indebidas” por parte de la Fiscalía, incluso señalando que se le habría ofrecido un preacuerdo sin detallar sus términos. Medina también apuntó que la intención de vincular a Ortiz al caso tenía como fin “salpicar” al presidente Petro.
Durante la audiencia, la exfuncionaria defendió su inocencia y aseguró: “Soy una mujer inocente de todos los delitos que me están acusando. Voy a ir hasta las últimas consecuencias por mi inocencia”. Su declaración refleja la postura que mantiene respecto a los cargos que enfrenta y que continúan siendo objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.