Este jueves, el polémico empresario cordobés Emilio Tapia Aldana fue notificado por un juez de la República de la condena a 6 años y cuatro meses por el caso de corrupción Centros Poblados y en irregularidades contractuales en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), tras aceptar los cargos endilgados por la Fiscalía General de la Nación.
El empresario, a través de un preacuerdo con el ente acusador, reconoció los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
El nacido en Sahagún, Córdoba, quien ofreció excusas públicas y se comprometió a colaborar con la justicia, asumió la responsabilidad de reintegrar la suma de dinero que supera los $5.000 millones que había apropiado ilícitamente. Lea: Laura Sarabia denunció a Sandra Ortiz: sigue escándalo Ungrd
Según lo informado por Colprensa, ‘el zar de la contratación’ ha restituido el 50% de esta suma mediante ocho títulos judiciales por un total de $2.532 millones.
El restante será cubierto con dos pagarés que deberá presentar en abril y octubre de 2025, respaldados por un inmueble en San Cristóbal, Medellín. Tapia Aldana continuará recluido en un centro carcelario de Barranquilla mientras cumple su condena.
La participación de Emilio Tapia en el caso de corrupción de los Centros Poblados
En 2020, Emilio Tapia organizó un esquema fraudulento para participar en una licitación pública del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) destinada a dotar de internet a escuelas rurales por un billón de pesos.
Tapia constituyó la Unión Temporal Centros Poblados mediante la compra de experiencia de otras empresas, presentando pólizas bancarias falsas para garantizar el contrato. Lea también: Sandra Ortiz ya no irá a la cárcel: ¿por qué?
Tras la adjudicación y legalización del contrato 1043 de 2020, Tapia gestionó un anticipo de más de $70.000 millones, de los cuales $5.063 millones fueron usados para adquisiciones personales, incluyendo obras de arte, vehículos y el pago de honorarios legales.
Caso Emcali
En 2021, Tapia replicó un esquema similar al conformar un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos de Emcali destinados a obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por $3.798 millones y $2.414 millones.
Para obtener los contratos, falsificó pólizas que garantizaban el cupo de crédito requerido, induciendo a error a funcionarios de Emcali que aprobaron la contratación. Estos hechos configuraron nuevamente delitos que llevaron a la condena impuesta.
La Fiscalía destacó que el caso ejemplifica los alcances del control penal frente a esquemas de corrupción en la contratación pública, con medidas enfocadas en la recuperación de recursos y la sanción de los responsables.