El reciente archivo de la ley de financiamiento impulsada por el presidente Gustavo Petro ha generado un clima de incertidumbre en el sector energético del país. Ante el impacto que esta decisión podría tener en la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas natural, especialmente para los estratos 1, 2 y 3, gremios del sector solicitaron una reunión urgente con el Gobierno Nacional.
A través de una carta dirigida al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y al recién nombrado ministro de Hacienda, Diego Guevara, los gremios expresaron su preocupación por las consecuencias económicas y operativas derivadas de la no aprobación del proyecto. La misiva fue firmada por las principales asociaciones del sector, entre ellas Andesco, Acolgen, Andec, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia. Lea: Del 17 al 19 de diciembre habrá sesiones extraordinarias en el Congreso
En el documento, los gremios advirtieron que “el archivo de esta iniciativa y los anuncios posteriores generan una gran incertidumbre sobre dos temas fundamentales para el sector y los usuarios: el pago de la deuda de la opción tarifaria y el oportuno giro de los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas natural para la vigencia 2024, así como la apropiación presupuestal correspondiente de los recursos requeridos para 2025″.
El hundimiento de la reforma tributaria dejó sin fuentes claras de financiación los 12 billones de pesos que se necesitaban para el Presupuesto General de la Nación 2025. Aunque la meta del Ministerio de Hacienda se redujo a $9,8 billones tras la eliminación del impuesto a los juegos de azar y apuestas en línea, esta situación abre un desafío adicional para el sector energético y la economía nacional.
Los gremios pidieron al Gobierno trabajar en soluciones inmediatas que garanticen la sostenibilidad financiera de las empresas comercializadoras y la continuidad del servicio para los hogares más vulnerables. Entre las propuestas se incluye un ajuste presupuestal que permita cubrir el déficit de subsidios de 2024 y asegurar su inclusión en el presupuesto de 2025, además de implementar mecanismos como la titularización de la deuda o la expedición de certificados financieros para respaldar la operación del sector.
El archivo de la ley también generó fuertes críticas desde sectores políticos, quienes argumentaron que la iniciativa afectaba la economía. Según el senador Miguel Uribe, la reforma estaba “diseñada para desincentivar la formalización empresarial, elevar la carga tributaria sobre las personas naturales y erosionar inversión y ahorro”.
Frente a este panorama, el presidente Gustavo Petro aseguró que, aunque será necesario aplazar parte del presupuesto de 2025, los recortes no impactarán los programas sociales ni los subsidios del Gobierno. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo se manejará el déficit fiscal sigue preocupando a diferentes sectores económicos del país.
Los gremios esperan que la reunión solicitada al Gobierno permita definir acciones concretas que garanticen la prestación eficiente y oportuna de los servicios de energía y gas, considerados esenciales para millones de colombianos.