La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a cuatro funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras comprobar que ayudaron en la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019 durante una cita odontológica en Bogotá.
Los sancionados son Katherine Lozano Forero, exsubdirectora de la cárcel El Buen Pastor; David Alexander Álvarez, comandante de Custodia y Vigilancia; Diana Cecilia Muñoz, teniente en prisiones; y Luis Alejandro Ballesteros Rincón, dragoneante del Inpec. Lozano, Álvarez y Muñoz fueron inhabilitados por ocho años, mientras que Ballesteros recibió una sanción de tres meses.
Según la investigación, Lozano Forero aprobó los traslados de Merlano al consultorio odontológico los días 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019, pese a ser directora encargada. Álvarez, quien se encontraba en vacaciones, firmó la remisión médica sin garantizar las medidas de seguridad necesarias. Por su parte, Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial que permitieron la salida de Merlano para un procedimiento estético dental. Le puede interesar: Confirman condena contra la excongresista Aída Merlano
La Procuraduría también determinó que Ballesteros Rincón permitió que Merlano interactuara con sus hijos, Aida Victoria y Esteban, durante la cita médica, lo que facilitó su escape.
El organismo calificó las faltas de Álvarez y Muñoz como gravísimas a título de dolo, la de Lozano como gravísima por culpa gravísima, y la de Ballesteros como grave por culpa. Según el fallo, los sancionados vulneraron principios como moralidad, transparencia y eficacia exigidos a los servidores públicos.
Merlano, quien en 2019 cumplía una condena por delitos electorales, aprovechó la salida médica para huir desde el segundo piso del consultorio odontológico, descendiendo con una soga hasta la calle, donde abordó una motocicleta. Semanas después, apareció en Venezuela.
La excongresista, avalada por el partido Conservador, fue acusada formalmente por el delito de fuga de presos en abril de 2023, tras ser deportada a Colombia. Aunque ha señalado a las familias Char y Gerlein de estar detrás de su escape, no aceptó los cargos.