Este miércoles 11 de diciembre, una juez de garantías en Bogotá definirá si Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones durante el Gobierno de Gustavo Petro, será enviada a prisión. Ortiz enfrenta cargos por presunto lavado de activos y tráfico de influencias, relacionados con un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La Fiscalía General de la Nación sostiene que Ortiz habría formado parte de una red que desvió recursos públicos mediante contratos fraudulentos. Aunque la exfuncionaria se declaró inocente y no aceptó los cargos, las investigaciones avanzan con base en las declaraciones de Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, exdirector y exsubdirector de la Ungrd. Ambos exfuncionarios han admitido su participación en el esquema y colaboran con la justicia para obtener beneficios.
De acuerdo con los testimonios, los fondos desviados de la Ungrd habrían sido usados para pagar sobornos a congresistas, buscando garantizar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno. La fiscal del caso asegura que Ortiz utilizó su posición para favorecer intereses políticos, entre ellos los del senador Iván Name Vásquez. Le puede interesar: Sandra Ortiz se refirió a decisión de la Fiscalía en su contra por caso Ungrd
Del mismo modo, la Fiscalía señala que Ortiz habría gestionado una adición presupuestal a un contrato en el Atlántico con ayuda de Olmedo López y entregado $3.000 millones de pesos de origen ilícito al entonces presidente del Congreso, Iván Name Vásquez. En su cargo como consejera para las Regiones, Ortiz mantenía una relación estrecha con la Presidencia de la República, lo que, según las autoridades, facilitó su participación en el esquema.
La fecha en la que Olmedo López y Sneyder Pinilla van a juicio por el caso Ungrd
La audiencia de acusación contra el exdirector y el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla, por el escándalo de corrupción que involucra el manejo irregular de recursos públicos en la entidad, se llevará a cabo el próximo 14 de enero de 2025.
Como parte del preacuerdo con la Fiscalía, ambos exfuncionarios deberán devolver casi $1.400 millones, además de cumplir una condena de cerca de siete años de prisión. Esta colaboración con la Fiscalía podría ser determinante para conocer la magnitud de los hechos y las posibles conexiones con otros actores involucrados en el desfalco.