Este martes 3 de diciembre, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado por Francia Márquez, acelerar la creación e implementación del Sistema Nacional de Cuidado, con el objetivo de garantizar atención integral a personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo en su vida diaria.
La decisión se originó en la protección de los derechos de Juan Carlos, un hombre en situación de discapacidad que necesita atención médica especializada y cuidado permanente. Según la Sala Tercera de Revisión, el caso evidencia deficiencias estatales y la ausencia de políticas públicas efectivas, lo que perpetúa la exclusión social y la pobreza de esta población.
El tribunal resaltó que el abandono social de las personas con discapacidad no se limita a omisiones familiares, sino que es también responsabilidad del Estado, cuya falta de coordinación entre entidades nacionales y territoriales agrava la problemática. Le puede interesar: 250 niños discapacitados culminan su formación como Bomberitos
Entre las medidas ordenadas, la Corte destacó la provisión de servicios de home care y un cuidador primario, en acuerdo con las necesidades específicas de la familia. Asimismo, señaló la importancia de abordar la atención desde una perspectiva integral que considere factores como género, etnia y nivel socioeconómico, y rechazó la institucionalización como solución principal, por sus efectos negativos.
Además, la Comisaría de Familia y la Personería deberán supervisar el cumplimiento de las responsabilidades familiares, mientras que el Ministerio de Igualdad deberá garantizar la inclusión de Juan Carlos en programas de atención prioritaria y socializar los estándares establecidos para casos similares.
Esta decisión subraya la necesidad de un cambio estructural en la atención a las personas con discapacidad, asignando al Estado un rol central en la regulación y provisión de servicios que respeten los derechos a una vida digna e independiente.