En el marco del ‘XI Encuentro de la Jurisdicción Especial Indígena’, el Consejo Superior de la Judicatura premió tres fallos de diferentes instancias judiciales de Colombia que incorporaron un enfoque intercultural en sus providencias. Al concurso se presentaron 60 sentencias, de las cuales 37 cumplieron los criterios establecidos y solo tres fueron condecoradas: el respeto por el uso de la medicina ancestral, la adopción de medidas para facilitar el acceso de miembros de comunidades indígenas ubicados en lugares remotos y el reconocimiento de estos pueblos a defender sus territorios.
El objeto de este premio es promover el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país por parte de los funcionarios judiciales, fortaleciendo aspectos como la coordinación entre la jurisdicción y la jurisdicción especial indígena, el fuero indígena y el diálogo con todas las comunidades étnicas del país. Le puede interesar: Cartagena es una de las ciudades que incluyó capítulo étnico en Plan de Desarroll
Respeto por la medicina tradicional indígena
En la categoría de tribunales, el premiado fue el magistrado del Tribunal Superior de Pasto, Gabriel Guillermo Ortiz Narváez, por la decisión tomada frente a una apelación, en un caso de responsabilidad médica, por la muerte de un niño awá en Nariño.
En este caso, la parte demandante responsabilizaba al Hospital Infantil Los Ángeles por la muerte del menor, ya que sus directivos no aceptaron la solicitud que el padre del menor presentó para hacer una ceremonia de sanación que requería tres sesiones. El Hospital solo autorizó una.
El acuerdo era que una vez efectuadas las ceremonias se podían llevar a cabo los procedimientos médicos necesarios para atender al menor. Al hacerse solo una ceremonia, el padre aseguró que el niño moriría en tres días.
La intervención quirúrgica se realizó, pero el niño falleció y la familia demandó al Hospital. En primera instancia, la indemnización fue negada, pero la apelación la aceptó, teniendo en cuenta que las comunidades tienen derecho a emplear sus medicinas tradicionales. La decisión ordenó además al hospital elaborar un protocolo de atención para pacientes indígenas, fundado en el respeto recíproco.
Acceso a servicios de salud
En la categoría de jueces fue premiada la Juez Promiscuo Municipal de Cumaribo (Vichada), Astrid Ximena Ramírez, por un fallo dictado a favor de los miembros de un pueblo indígena del municipio que tenían muchas dificultades para acceder a servicios de salud por su ubicación remota.
Aunque la EPS a la que estaban afiliadas realizaba brigadas de atención, los pacientes debían recorrer dos días de viaje hasta la cabecera municipal para ser atendidos. Aunque la EPS les cubría el transporte, no les garantizaba alojamiento ni alimentación.
La decisión estableció que las EPS no pueden imponer barreras para que sus usuarios accedan a los servicios de salud a los que tienen derecho y por ende debían reembolsarles esos costos. Además, estableció que las entidades del Estado deben buscar mecanismos para que los miembros de esa comunidad reciban una atención médica oportuna.
Defensa del territorio
En la categoría de altas cortes, fue premiado el magistrado de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo por una sentencia relacionada con invasión y despojo de tierras en el territorio ancestral Métiwa Guacamayas de Vichada.
En medio de una disputa por tierras, fueron privados de la libertad algunos indígenas del resguardo, acusados de pertenecer a la banda “los taladores”. Lo que encontró la Corte fue que esa privación de la libertad fue fruto de persecución judicial que violó los derechos de la comunidad y que facilitó la invasión de sus tierras.
La Corte emitió varias órdenes a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a Corporinoquía y al Ministerio del Interior, para que se resuelvan con prontitud las solicitudes de adjudicación de tierras, para que se respeten los usos y costumbres de la comunidad y se implemente un plan de salvaguarda étnico, entre otras decisiones.