Este jueves 28 de noviembre, el Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la congresista Katherine Miranda, quien busca anular la designación de 18 exjefes paramilitares como gestores de paz, una decisión adoptada mediante resolución presidencial el pasado 12 de noviembre.
El alto tribunal vinculó a 18 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), considerados partes interesadas en el proceso. Entre ellos destacan figuras emblemáticas como Ramón María Isaza, Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo y Rodrigo Tovar.
En el auto de admisión, el Consejo de Estado requirió al Presidente de la República, principal demandado, proporcionar las direcciones físicas o canales digitales donde los exparamilitares puedan ser notificados de la decisión. También ordenó informar al Ministerio Público y enviar copia del expediente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Le puede interesar: Nueva condena para Salvatore Mancuso: pagará por 1.323 crímenes
Argumentos de la demanda
Katherine Miranda calificó la designación de los exjefes paramilitares como una medida “injusta e insensible”. Según la congresista, la inclusión de estas personas en roles de gestores de paz desconoce los derechos de las víctimas del conflicto armado y podría sentar un precedente peligroso para el país.
“Es una decisión que no solo hiere a las víctimas, sino que además pone en duda el compromiso del Estado con la justicia y la reparación”, afirmó Miranda en declaraciones recientes.
El proceso ahora se centra en evaluar si la resolución presidencial cumple con los marcos constitucionales y legales vigentes. La medida forma parte de la política de paz total impulsada por el Gobierno Nacional, que busca incluir a diversos actores del conflicto en iniciativas de reconciliación.
No obstante, críticos como Miranda argumentan que otorgar este tipo de roles a personas condenadas por graves delitos socava la legitimidad de las políticas de paz y justicia transicional.
El desarrollo de esta demanda será clave para determinar el alcance de las disposiciones presidenciales en materia de reconciliación y su impacto en la sociedad colombiana.