La violencia de género sigue siendo una de las problemáticas más críticas en Colombia. Hasta septiembre de 2024, el 88% de las víctimas de delitos sexuales en el país fueron mujeres, según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Así lo advirtió Margarita Cabello Blanco, procuradora General de la Nación, quien pidió tomar medidas urgentes para proteger los derechos de las víctimas.
En el mismo periodo, se practicaron 16.797 exámenes medicolegales por presuntos delitos sexuales y se reportaron 47.757 casos de violencia intrafamiliar, donde el 76.9% de las personas afectadas también fueron mujeres. “Las barreras como la revictimización y el limitado acceso a la justicia no pueden seguir siendo obstáculos para las víctimas”, afirmó Cabello Blanco.
El panorama es aún más amplio y preocupante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), entre enero y octubre de 2024 se documentaron 28.944 casos de violencia sexual, 48.018 de violencia física y 11.782 de violencia psicológica hacia mujeres, además de 2.562 denuncias de acoso sexual y laboral.
Estos indicadores reflejan que la violencia contra las mujeres no se limita a un solo ámbito, sino que abarca múltiples formas de agresión, afectando la integridad física, emocional y laboral de las víctimas. La Procuradora enfatizó la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir este flagelo y garantizar justicia para las afectadas. Le puede interesar: Cada día asesinan a tres mujeres en Colombia: Francia Márquez
Acciones del Ministerio Público
El Ministerio Público reportó la remisión de 8.174 informes a personeros municipales desde 2022, con el objetivo de alertar sobre casos de violencia contra mujeres que presentaban riesgos extremos de lesiones o muerte.
Además, informó que desde 2021 se han abierto 141 procesos disciplinarios relacionados con acoso sexual y 125 vinculados al acoso laboral.
Cabello Blanco resaltó que las víctimas no solo enfrentan actos de violencia, sino también obstáculos como la revictimización y dificultades en el acceso a la justicia.
Según explicó, estas barreras contribuyen a perpetuar la impunidad y agravan las desigualdades, afectando de manera más severa a mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y de la comunidad LGBTIQ+. Lea también: En fotos: así fue la marcha de las mujeres contra la violencia en Cartagena
Durante la instalación del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial, la Procuradora reiteró la necesidad de aplicar un enfoque diferencial para abordar las desigualdades estructurales.
“Es indispensable fortalecer los canales de denuncia, garantizar la protección efectiva de las víctimas y asegurar una justicia con perspectiva de género”, concluyó.