El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, junto a otros 45 exmiembros de esa guerrilla, fueron condenados por el Tribunal Superior de Barranquilla de más de 1.300 crímenes ocurridos entre 1999 y 2004, en Norte de Santander, de los cuales 568 son homicidios.
Así se confirmó este miércoles 27 de noviembre, cuando la Sala de Justicia y Paz, la instancia especial encargada de juzgar a los hoy condenados, por los homicidios mencionados, incluyendo las masacres de Villa del Rosario, Arboledas, Los Patios, El Tarra y Tibú. También pagarán por 55 casos de desaparición forzada, la mayoría de víctimas fueron civiles y personas protegidas, de las que aún se desconoce su paradero. Lea aquí: Corte Suprema de Justicia niega libertad de Salvatore Mancuso: esta es la razón
Otro de los hechos delictivos por los que estos exparamilitares fueron condenados es el desplazamiento forzado: “Para la Fiscalía, las diferentes estructuras armadas del Bloque Catatumbo, por directriz de los máximos cabecillas, adoptaron patrones de macrocriminalidad constitutivos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos”, señala el comunicado del ente acusador.

La pena que deberá pagar Salvatore Mancuso es de 480 meses de prisión, así como también deberá pagar multas de hasta 6.500 millones de pesos para compensar a las víctimas acreditadas en el proceso por sus daños morales y materiales. Le puede interesar: Salvatore Mancuso y Gustavo Petro: un encuentro de reconciliación
De acuerdo con la agencia Efe, el exjefe paramilitar es investigado en Colombia por más de 75 mil crímenes cuando ejercía como líder de las AUC y llegó a Colombia para rendir cuentas ante las salas de Justicia y Paz, el pasado 27 de febrero, tras ser deportado de Estados Unidos, país en el que cumplió una condena de 15 años por el délito de narcotráfico.
El grupo armado ilegal en cuestión es al que más homicidios se le atribuyen durante los años del conflicto armado.
Mancuso fue nombrado como gestor de paz por el presidente Gustavo Petro y se encuentra en libertad provisional, asunto que ha sido cuestionado por figuras políticas y ciudadanos, a causa de la indecisión sobre cuál tipo de justicia debería hacerlo pagar como criminal de guerra.