Tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que imputó a seis exjefes de la extinta guerrilla de las Farc, señalados como “máximos responsables” de graves crímenes contra miles de menores durante el conflicto armado, muchos se preguntan que sigue ahora en este proceso tras conocerse la decisión.
Según informó la JEP, los exlíderes son acusados de reclutar de manera forzada a cerca de 18.677 niños y niñas, así como de cometer otros delitos de violencia sexual, especialmente contra menores indígenas y afrodescendientes.
“Estos hechos ocurrieron con mayor frecuencia entre 1996 y 2016, marco en el cual la Sala concentró su investigación” del Caso 07, que indaga sobre el reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado, agregó el alto tribunal. Lea: Alias Timochenko y otros ex-Farc imputados por reclutamiento a menores
En las filas de las Farc, “niños y niñas sufrieron violaciones, esclavitud sexual, uniones forzadas, desnudez forzada y otros actos sexuales violentos”, señala la imputación.
Estas violencias ocurrieron de “manera sistemática y frecuente” en diversas partes del país. “Al menos 135 víctimas reclutadas reportaron haberla padecido, esto equivale al 17 % de las víctimas reclutadas registradas. Igualmente, del total de mujeres reclutadas, el 35 % reportaron haberlas sufrido”, desglosó la información. Lea también: Corte Suprema de Justicia niega libertad de Salvatore Mancuso: esta es la razón
Los imputados y llamados a reconocer responsabilidad, además de Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, son Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel, Pastor Alape, Pablo Catatumbo Torres y Julián Gallo, los dos últimos, senadores por el partido Comunes, en el que se transformaron las Farc para hacer política.
Nacida como parte del Acuerdo de Paz, la JEP plantea un modelo de justicia transicional en el que se prioriza la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos. En lugar de castigos estrictamente punitivos. Por lo que el tribunal ofrece a quienes colaboren con información, penas alternativas a la cárcel.
Sin embargo, los crímenes imputados en este caso son de los más graves que el tribunal de paz ha investigado hasta la fecha. La JEP responsabiliza a los antiguos líderes de las FARC por el reclutamiento y abuso de miles de menores de edad, algunos de los cuales siguen desaparecidos. Este caso busca también esclarecer la violencia sexual que padecieron al menos 135 menores, algunos obligados a abortar o a someterse a métodos anticonceptivos sin su consentimiento.
Para juzgar estos casos, el tribunal dividió a los comparecientes en dos grupos, uno en donde se encuentra el 90% de los excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, quienes no tuvieron una participación determinante en la comisión de estos graves crímenes. Y otro 10% donde se encuentran los máximos responsables, como es este caso. Le puede interesar: Hermano de Álvaro Uribe queda libre de cargos en el caso de Los 12 apóstoles
En el caso de los máximos responsables, la JEP considera necesario que acepten su responsabilidad por los crímenes cometidos, y estos serán juzgados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, donde serán sancionados con una sanción propia, que podría implicar la privación de la libertad.
Las penas que podrían recibir los imputados, de ser hallados culpables, han generado un gran debate. La JEP ofrece la posibilidad de penas restaurativas en vez de cárcel, para quienes no son máximos responsables, pero en el caso de los exjefes guerrilleros el caso puede ser distinto y podrían ser sancionados con penas de 5 a 20 años de prisión.
La reacción de los exjefes de las extintas Farc
En un comunicado a la opinión pública, los exjefes de las extintas Farc reconocieron que estos hechos no debieron haber ocurrido.
“Reconocemos los hechos y conductas que evidencian el reclutamiento y el ingreso a filas de menores de edad durante el conflicto, así como posibles hechos derivados que pudieron suceder dentro de las extintas FARC-EP. Estos hechos no debieron haber ocurrido”, expresaron.
En ese sentido, los seis exjefes guerrilleros y Rodrigo Granda, otro de los antiguos líderes de las FARC, señalaron en el comunicado que se concentrarán con su equipo de defensa en el “estudio y revisión de este importante asunto”, así como ratificaron su compromiso con responder de manera “oportuna a los requerimientos de la jurisdicción”.
“Como uno de los actores involucrados en el largo conflicto armado entendemos que cumplir nuestro compromisos ante las víctimas y la Jurisdicción es parte del camino hacia la no repetición y la reconciliación que tanto necesita Colombia”, agregaron.