La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a la excongresista Aida Merlano por la comisión de delitos electorales. Esta decisdión se conoció en la tarde de este miércoles 6 de noviembre.
Según el diario El Tiempo, el caso de Merlano se remonta al pasado 2 de noviembre de 2022 fecha en la que fue condenada por la Sala Especial de Primera Instancia a cinco años y seis meses de prisión y la restricción de ejercer derechos y funciones públicas tras ser hallada culpable de violar los topes de financiación de campañas electorales.
El mencionado medio indicó que las irregularidades se registraron durante las elecciones al Congreso de 2018, cuando Merlano estaba aspirando al Senado de la República. Se lee en un aparte del expediente que se llevó a cabo un allanamiento a la sede de la campaña de la excongresista, “en el que se encontraron documentos y comprobantes de giros de cheques cuyos beneficiarios fueron personas vinculadas de una u otra manera a la campaña”. Lea: Aida Merlano acepta que se fugó en el 2019: firmó preacuerdo con la Fiscalía
El caso se remonta a las elecciones al Congreso de 2018, cuando, en un allanamiento a la sede de campaña de Merlano, entonces candidata al Senado, se encontraron documentos y comprobantes que evidenciaban giros de cheques a favor de personas vinculadas a su campaña.
La Corte concluyó que dichos recursos fueron manejados sin transparencia para evitar controles, argumentando que los fondos provenientes de los hermanos Gerlein Echeverría se destinaron a la campaña de la exrepresentante. Lea también: Juez absolvió a Julio Gerlein Echeverría por caso de Aída Merlano
“La clandestinidad en los giros de recursos buscaba evadir el control de las autoridades y evitar la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campaña”, señaló la Sala, subrayando que Merlano era consciente de que las cifras de financiamiento superaban los límites legales.
La sentencia también destacó que la administración de fondos de campaña de Merlano, junto con sus colaboradores, excedió “ostensiblemente” los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), perturbando los principios de igualdad y pluralismo político que rigen las elecciones.