En el marco de un intento por calmar las inquietudes sobre la sostenibilidad financiera de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), el gobierno de Gustavo Petro y el senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, han alcanzado un acuerdo con modificaciones sustanciales a la propuesta inicial.
Según información de El Tiempo, el ajuste principal consiste en reducir el aumento de los recursos que la Nación destina al SGP, pasando del 46,5% originalmente propuesto a un 39,5%. Este nuevo porcentaje busca un punto medio entre las exigencias de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Hacienda y los pedidos de una mayor descentralización de recursos hacia municipios y departamentos. Lea aquí: Rifirrafe entre Gustavo Petro y Vicky Dávila: investigan a la periodista
La senadora Angélica Lozano, una de las voces críticas del aumento propuesto inicialmente, expresó que el ajuste es esencial para la viabilidad de la reforma. Lozano insistió en que “la reforma al SGP a municipios y departamentos es urgente y justa. No perdamos esta oportunidad, hagámoslo ya y hagámoslo bien: Aumentar del 21 al 37% como propuso la Misión de Descentralización es un enorme salto”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se mostró de acuerdo con que el aumento original era “insostenible fiscalmente”, respaldando la reducción.
Sin embargo, la reducción al 39,5% aún es vista con preocupación por algunos expertos. El exministro de Hacienda y excandidato presidencial Juan Carlos Echeverry advirtió que “con 46.5% el Estado queda 200% quebrado. Con 39.5% el Estado queda 180% quebrado. Dejen de jugar con candela”.
Además del ajuste porcentual, según El Tiempo, se pactaron otros cambios para garantizar que el incremento de recursos esté vinculado a nuevas competencias para las entidades territoriales. De acuerdo con el senador Ávila, el aumento de los giros a municipios y departamentos dependerá de que se apruebe una “ley de competencias” que defina de manera clara las nuevas funciones que asumirán estas entidades. Esto busca evitar que se entreguen recursos sin asignar responsabilidades, una de las críticas más frecuentes de expertos en políticas públicas.
Otra modificación importante es la extensión del periodo de transición, que pasa de 10 a 12 años. Este cambio permitirá distribuir de manera más gradual el incremento en los recursos destinados a las regiones. Asimismo, se estableció que esta transición solo comenzará una vez se promulgue la ley de competencias y no antes de 2027, con el objetivo de acelerar el proceso legislativo de la misma.
A pesar de este aumento en el periodo de transición, el ministro Bonilla considera que 12 años podrían no ser suficientes y ha sugerido ampliarlo a entre 15 y 20 años para asegurar la sostenibilidad fiscal del país.
Uno de los acuerdos también establece que parte del incremento del SGP se destinará exclusivamente a aumentar la cobertura escolar, tanto en educación preescolar como en educación superior. Según el texto acordado, “se incluye la financiación de, como mínimo, dos años de escolaridad de la educación preescolar y, como mínimo, dos años del ciclo educativo de la educación superior”, en un intento por reducir brechas de cobertura en el sistema educativo. Le puede interesar: Petro habla de la reforma al Sistema General de Participaciones
En otro aspecto de la reforma, se subraya que el incremento del SGP debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, asegurando así que la reforma no desborde las finanzas del Estado en el futuro.
Con estos acuerdos, el gobierno de Petro busca calmar los temores de los diferentes sectores políticos y ministeriales, consolidando el apoyo necesario para que la reforma avance. Se espera que los ajustes recientes y la claridad en el uso de los nuevos recursos generen el respaldo suficiente para que la reforma sea aprobada sin mayores contratiempos.