El gobernador del departamento de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, coincidieron en la necesidad urgente de abrir canales de diálogo para poner fin al paro indefinido que desde hace varios días mantienen los mineros artesanales y campesinos en el noroccidente del país y en la región del Magdalena Medio.
Esta protesta, que ha bloqueado importantes vías, busca que el Gobierno cumpla sus promesas de formalización de la minería, un sector que, según los manifestantes, sigue en condiciones de precariedad. Lea: Estas son las amenazas para los ecosistemas en el mundo: COP16
El ministro Camacho, en declaraciones sobre la situación, señaló que se debe garantizar el equilibrio entre la protección de los territorios y la actividad minera de estas comunidades. “Debemos garantizar que estas actividades puedan darse mientras protegemos los territorios”, indicó.
El ministro también manifestó que la problemática va más allá de Santander, afectando también a otras zonas del país como el Bajo Cauca y el Magdalena Medio, donde el sector minero sigue a la espera de soluciones efectivas que les permitan regularizar su situación y mejorar sus condiciones laborales.
Uno de los principales puntos de fricción entre el Gobierno y los mineros es el reciente decreto 1035 de 2024, que permite a la Fuerza Pública incautar maquinaria amarilla, como retroexcavadoras, que se utiliza en actividades mineras no regularizadas. Le puede interesar: COP16 arranca en Cali: líderes exigen acciones urgentes
Según los manifestantes, esta medida ha empeorado su situación, dado que aproximadamente el 70% de los mineros del sector dependen de este tipo de equipos para sus labores diarias. Esto, unido a la falta de una política clara de formalización, ha exacerbado el malestar, que se ha traducido en bloqueos en vías estratégicas como los accesos a Málaga y Los Santos, afectando no solo el tránsito, sino también el comercio local.
Díaz Mateus expresó su preocupación por el impacto de las protestas en la región, aunque también mostró empatía con los mineros. En declaraciones a medios locales, el Gobernador sostuvo que las comunidades mineras y campesinas están recurriendo a estas manifestaciones como último recurso para que sus voces sean escuchadas.
“El presidente Petro estuvo en Málaga hace cuatro meses y prometió que no nos sacarían, pero nos están quitando la posibilidad de subsistir”, declaró el mandatario a RCN Radio, dejando claro que, si bien no apoya las vías de hecho, entiende que estas son la única opción que perciben los afectados para defender su sustento. Lea también: Gobierno comprará cultivos de coca a campesinos: esto dijo Gustavo Petro
Por su parte, Camacho reiteró que el Gobierno está dispuesto a establecer una mesa de diálogo con los mineros para atender sus demandas y encontrar una solución a la crisis. “Nuestro despacho ha estado trabajando en procesos para integrar a aquellos que han quedado fuera de la formalización”, añadió el Ministro, quien reconoció que el problema es estructural y que requiere de un enfoque inclusivo en la política minera para no dejar atrás a estas comunidades.
En este contexto, las protestas no solo se han concentrado en Santander, sino que se han replicado en otros departamentos del país, como Antioquia y Boyacá, donde las comunidades mineras también exigen reconocimiento por su trabajo, al cual consideran parte de la minería ancestral y tradicional. Los manifestantes han dejado en claro que no levantarán los bloqueos hasta que el Ejecutivo responda de manera concreta a sus peticiones.
El gobernador Díaz Mateus también manifestó su preocupación por el avance de grupos criminales como el Clan del Golfo, que, según él, han aprovechado la falta de políticas claras para controlar la minería ilegal en algunas zonas. A pesar de ello, el mandatario dejó claro que los habitantes de Santander no apoyan estas actividades ilegales, pero sí reclaman políticas que no los desplacen de sus tierras ni los priven de su principal fuente de ingresos.
El conflicto ha tomado mayor relevancia al coincidir con la COP16 en Cali, donde el Gobierno Nacional se encuentra discutiendo temas relacionados con el medio ambiente, mientras en las zonas mineras crece la tensión por la falta de soluciones.
Las comunidades aseguran que sus prácticas mineras tradicionales no son responsables del daño ambiental, y sostienen que el verdadero problema radica en la minería a gran escala y no en la artesanal, que es su medio de vida.
A medida que el paro continúa, se espera que en los próximos días el Gobierno dé respuesta a las exigencias del sector y se logre una solución que permita tanto la protección del ecosistema como el bienestar de las comunidades que dependen de la minería.