La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha generado controversia al defender una propuesta de ley que permitiría reducir las penas de aquellos culpables de delitos sexuales y homicidios contra menores de edad que confiesen su culpabilidad.
Según la ministra, este proyecto no busca otorgar beneficios a los agresores, sino mejorar la capacidad del sistema judicial para garantizar que estos crímenes no queden impunes. Lea aquí: Contraloría fortalece vigilancia de recursos destinados a la niñez, ¿de qué trata?
El proyecto de reforma, actualmente en trámite en el Congreso, establece que, en casos de preacuerdos o confesiones por delitos como homicidios, lesiones dolosas, y delitos sexuales contra niños y adolescentes, los culpables podrían acceder a una reducción de hasta el 50% de su pena. La ministra Buitrago, en una entrevista, aclaró que la finalidad de la norma es fortalecer la judicialización de los responsables de este tipo de delitos.
“La reforma no pretende dar beneficios, ya que están prohibidos para esta clase de delitos; es decir, no hay libertad condicional o libertad provisional”, explicó la ministra, insistiendo en que la reducción de pena no debe verse como una ventaja para los agresores. “Lo único que se quiere es decirle al agresor que se le dará una rebaja mínima, pero que de todos modos va a pagar una pena, se le va a imponer una sanción y debe aceptar el delito para llegar a una condena”, puntualizó Buitrago.
La discusión en torno a este tema se ha intensificado especialmente tras el reciente caso de la niña Sofía Delgado Zúñiga, quien fue hallada sin vida en un cañaduzal en el Valle del Cauca. Brayan Snaither Campo Pillimue, el presunto responsable del asesinato confesó su crimen, lo que avivó el debate sobre la necesidad de este tipo de reformas para asegurar condenas en casos donde la obtención de pruebas suele ser difícil. Le puede interesar: Petro se pronuncia luego del asesinato de Sofía Delgado: esto dijo
La ministra también hizo hincapié en que muchos de estos crímenes, denominados delitos a puerta cerrada carecen de pruebas técnicas concluyentes, como el ADN, lo que complica la posibilidad de llegar a una condena. En este sentido, las confesiones se vuelven una herramienta esencial para evitar que estos delitos queden sin castigo. “El problema de estos casos son los delitos que se denominan a puerta cerrada; eso quiere decir que, en muchos de ellos no se cuenta con una prueba técnica que pueda incriminar al agresor”, señaló.