El Gobierno de Colombia suspendió el pasado viernes 11 de octubre el acto en el que el Estado pediría perdón por el genocidio contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), debido a la inasistencia del presidente Gustavo Petro, quien alegó problemas de salud.
El mandatario informó a través de su cuenta en X que los médicos le recomendaron reposo por un “fuerte cuadro gripal y respiratorio”, lo que lo obligó a cancelar su participación en el evento.
“Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”, expresó Petro en su red social. Lea: Se extenderá tregua con disidencia de las Farc, asegura Otty Patiño
Sin embargo, la reacción de los asistentes al acto fue de descontento. Decenas de familiares y víctimas de la UP, reunidos en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, manifestaron su inconformidad ante la ausencia del presidente con la frase “Si Petro no viene, entonces nos vamos”. La mayoría de los presentes llevaban fotografías de gran tamaño de los militantes desaparecidos y asesinados.
El acto de perdón estaba enmarcado en el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado colombiano por el exterminio sistemático de los miembros de la UP, ocurrido entre los años 80 y 90.
Esta violencia dejó un saldo de cerca de 6.000 víctimas, entre asesinatos, desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad. La organización política surgió en 1985 como resultado de un proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno de Belisario Betancur, pero rápidamente fue blanco de un plan de exterminio que involucró a agentes del Estado, según lo ha reconocido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Lea también: Petro suspende su agenda presidencial este viernes por cuadro gripal
A pesar de que el presidente Gustavo Petro ofreció disculpas a través de su red social de X, su mensaje no fue suficiente para las víctimas.
“La suspensión del evento obedece a un acto de dignidad de las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica. Hemos esperado 30 años por el reconocimiento de perdón que se nos ha negado y al que se ha mostrado indiferencia. Y no podemos realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado a través de un tweet. Eso no es digno para las más de 6.000 víctimas”, declaró Carolina Maya, codirectora de la Corporación Reiniciar, en una entrevista con el diario El Tiempo.
Frente al malestar generado, varios ministros subieron a la tarima para ofrecer explicaciones. Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue una de las primeras en hablar, señalando que el Gobierno había tomado la decisión de suspender el acto con el fin de que el presidente Petro pudiera estar presente en una futura fecha.
También se encontraban en el escenario las ministras de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de Agricultura, Martha Carvajalino, y el ministro de Cultura, Juan David Correa, quienes aguardaban la llegada del mandatario para dar inicio al acto. Le puede interesar: ¿Se destraban diálogos con el ELN? La nueva luz para continuar proceso de paz
La millonada que se gastó el Gobierno
Este evento no solo ha sido motivo de polémica por la ausencia del presidente, sino también por los elevados costos de su organización. Según El Tiempo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encargada de la logística, contrató por 3.700 millones de pesos a la sociedad Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones, con sede en Medellín, para gestionar la ceremonia.
El contrato fue firmado el 27 de septiembre de este año y cubre todos los aspectos logísticos del acto, incluida una comisión del 7% destinada a la empresa contratista.
Según lo expresado por el mencionado medio de comunicación, Plaza Mayor había propuesto originalmente un presupuesto de 3.319 millones de pesos con una comisión del 7.2%, pero el contrato final ascendió a 3.700 millones. Sin embargo, las autoridades han aclarado que el monto total podría ser inferior al acordado inicialmente.
La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado colombiano, emitida el 30 de enero de 2023, reconoce la magnitud de los crímenes cometidos contra la UP. Siga leyendo:
De acuerdo con el fallo, se estableció que 3.170 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 de desplazamiento forzado, 521 de desaparición forzada, 285 sufrieron atentados o tentativas de homicidio, 64 fueron víctimas de tortura, 19 fueron judicializadas injustamente y 10 resultaron con lesiones personales.
Asimismo, el fallo exige la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, como parte de las reparaciones ordenadas a las víctimas y sus familias.
La UP, que nació en 1985 con el objetivo de consolidar un espacio de participación política para los desmovilizados de las FARC, se convirtió rápidamente en un objetivo de violencia.
La JEP certificó en 2020 que al menos 5.733 miembros de la UP fueron asesinados o desaparecidos, incluidos los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990.