En un nuevo capítulo de la controversia política y judicial que rodea la investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales, este viernes 11 de octubre se conoció la radicación de denuncias contra varios magistrados del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las denuncias, presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía, surgen tras la decisión del CNE de formular cargos contra la campaña del mandatario, lo que ha desatado fuertes críticas y señalamientos desde el Ejecutivo. Lea aquí: Magistrados del CNE responden a duros señalamientos de Gustavo Petro
El Colombiano mencionó que tres magistrados del Consejo de Estado, Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales, fueron denunciados por presuntos delitos de prevaricato por acción y abuso de la función pública. Estos magistrados ratificaron la competencia del CNE para investigar la campaña de Petro en el ámbito administrativo, aunque aclararon que los procesos penales y disciplinarios contra el presidente siguen siendo competencia de la Comisión de Acusación de la Cámara.
La demanda, que fue radicada en la Comisión de Acusación, acusa a los magistrados de exceder sus competencias al respaldar la potestad del CNE para investigar al presidente. Además, se ha solicitado una inspección a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, así como a la oficina de la magistrada Bahamón, quien fue la ponente del fallo.
El conflicto surgió luego de que el Consejo de Estado resolviera un enfrentamiento de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusación, en el que esta última buscaba asumir la investigación contra Petro. Sin embargo, el alto tribunal determinó que el CNE tiene la facultad de adelantar investigaciones administrativas sobre la campaña, lo que dio pie al proceso actualmente en curso.
En paralelo, este viernes también se conoció una denuncia presentada contra los siete magistrados del CNE que votaron a favor de abrir la investigación contra la campaña de Petro. Según la fiscal Luz Adriana Camargo, quien remitió el caso a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se trata de una denuncia por el presunto delito de prevaricato. Le puede interesar: Petro lanza duras acusaciones a magistrados del CNE tras investigación
La decisión del CNE de investigar la campaña de Petro ha generado una serie de tensiones políticas, con el mandatario arremetiendo públicamente contra el organismo electoral y denunciando lo que ha calificado como un “golpe de Estado” en su contra. En sus declaraciones, Petro ha criticado a los magistrados del CNE, cuestionando su imparcialidad y acusándolos de ser parte de la política tradicional.
Sin embargo, expertos coinciden en que el proceso no llevará a la destitución del presidente. La máxima sanción que podría resultar de la investigación es de carácter administrativo, es decir, una multa o la devolución parcial de los recursos que el Estado entregó a su campaña. El Consejo de Estado ratificó que las sanciones de índole penal o disciplinario son competencia exclusiva de la Comisión de Acusación de la Cámara.
El contexto de la investigación
La controversia comenzó cuando el CNE decidió abrir una investigación a la campaña de Gustavo Petro por supuestamente haber sobrepasado los límites de financiación en las elecciones de 2022. Este proceso, que podría durar hasta ocho meses, es de naturaleza administrativa y se enfoca en la posible violación de los topes de gasto.
A pesar de las reiteradas críticas del presidente, juristas como Rodrigo Uprimny han señalado que el fuero presidencial de Petro no está en riesgo. En una columna publicada en El Espectador, Uprimny afirmó que, aunque hay cuestionamientos sobre la imparcialidad del CNE, la Constitución es clara en que el presidente solo puede ser destituido o suspendido tras un juicio político en el Congreso.