El Gobierno de Colombia ha acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para impugnar la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que anunció el martes 8 de octubre, la apertura de una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas violaciones a los límites de financiación durante las elecciones de 2022.
El vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, informó este miércoles 9 de octubre, en una rueda de prensa que el recurso ya fue presentado, argumentando que la medida del CNE “afecta el voto popular que eligió a Petro como presidente”. Según Rojas, el procedimiento es una amenaza para la democracia.
El CNE decidió investigar a Petro y a su equipo de campaña, incluido el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, bajo la sospecha de que excedieron los límites de gasto establecidos y recurrieron a fuentes de financiación prohibidas. Aunque la investigación apenas comienza y no se ha emitido una resolución definitiva, el Gobierno considera que la situación es grave y representa un “golpe a la democracia”, según las palabras del vicecanciller Rojas. Le puede interesar: Gustavo Petro y el CNE: debate por cargos contra su campaña
La estrategia del Gobierno para recurrir a la Corte IDH se fundamenta en un precedente del propio Petro. En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación debido a supuestas irregularidades en la gestión de un contrato de recolección de basuras. En ese entonces, la Corte IDH falló a favor de Petro, determinando que la sanción afectaba sus derechos políticos, ya que la Procuraduría no tiene facultades para inhabilitar a un funcionario electo democráticamente. Como resultado, el Consejo de Estado anuló la destitución e inhabilitación de 15 años que se le había impuesto.
Con el caso del CNE aún en fase de investigación, el presidente Petro busca evitar posibles consecuencias legales utilizando el mismo recurso que le permitió mantenerse en la arena política en el pasado.