La Corte Constitucional realiza este lunes 7 de octubre una audiencia pública para debatir la demanda que busca poner fin al monopolio rentístico del aguardiente en los departamentos del país. Esta sesión, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, aborda el impacto económico y social de una norma que permite a ciertos departamentos restringir la venta de otros aguardientes, bajo el argumento de proteger la producción local.
En medio de este debate, se han discutido los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. Esta normativa, que otorga a los departamentos productores la potestad de limitar la comercialización de aguardientes provenientes de otras regiones durante seis años, ha generado críticas, pues se argumenta que podría afectar la libre competencia y la economía. Lea también: Adulteraban licor y lo vendían en zona de frontera con Venezuela
Durante la audiencia, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuestionó la forma en la que la producción de licores se ha convertido en una fuente de ingresos para financiar la salud pública. “Desafortunadamente, la salud se financia con el vicio”, afirmó Bonilla, quien lamentó que estos fondos sean generados por el consumo de alcohol.
El abogado Julio Andrés Ossa, uno de los demandantes en contra de la ley actual, indicó que el debate no solo es económico, sino que abarca el alcance del poder legislativo para restringir libertades. “Lo que está en juego es hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de las libertades humanas y la libre competencia”, expresó. Según Ossa, mantener esta restricción podría abrir la puerta a monopolios en otros productos de gran relevancia social, como la leche.
En la misma línea, el abogado Jorge Sánchez Medina presentó cifras que evidencian el impacto económico de la actual normativa.
“Las ventas de aguardiente en departamentos que aplicaron la salvaguarda se redujeron un 21%, mientras que en los que no la aplicaron aumentaron un 35%”, sostuvo, apuntando a las pérdidas económicas generadas por el modelo actual.
Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y también demandante, subrayó que eliminar el monopolio podría incrementar las rentas destinadas a la salud y educación. “No tiene sentido que en algunas regiones solo se permita consumir un tipo de aguardiente mientras se prohíbe el acceso a otros productos”, argumentó, señalando que esta concentración de poder en manos de los gobernadores afecta tanto a los consumidores como al mercado.
El uso de fondos públicos en discusión
El ministro Bonilla señaló que en la actualidad solo siete departamentos producen aguardiente, mientras que otros seis ejercen el monopolio mediante acuerdos de maquila con licoreras. Si bien estos ingresos han contribuido a financiar programas de salud, Bonilla criticó que la salud dependa de la venta de licores: “En la realidad, sólo siete departamentos producen aguardiente, mientras que otros seis ejercen el monopolio mediante acuerdos de maquila con licoreras. Sin embargo, el problema es que, tristemente, la salud se financia con el vicio, algo que no debería suceder ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo”. Le interesa: Cayeron ‘los Caciques’: ganaban $150 millones vendiendo drogas
El debate sobre el monopolio del aguardiente en Colombia todavía no termina, y la Corte Constitucional deberá tomar una decisión sobre si mantener o derogar los artículos de la Ley 1816 que permiten a los departamentos limitar la comercialización de aguardientes de otras regiones. La decisión final tendrá un impacto en el mercado de licores y en las finanzas departamentales.