En una audiencia celebrada el miércoles 25 de septiembre, se dictó sentencia contra los dos policías involucrados en el escándalo de interceptaciones ilegales (“chuzadas”) a Marelbys Meza, exniñera de los hijos de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
El intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales se convirtieron en los primeros condenados en este caso, y podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión.
Los condenados aceptaron su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. Durante una audiencia previa, realizada el pasado 11 de septiembre, admitieron su participación en estas actividades ilícitas. Esta aceptación de cargos fue un paso crucial en el proceso judicial que culminó con la sentencia de esta semana. Lea: 10 años de prisión a dos policías que “chuzaron” a Marelbys Meza
Tras conocida la sentencia, habló para La W Radio, Diego Gutiérrez, abogado defensor del patrullero Alfonso Quinchanegua, quien entregó detalles sobre el caso y el proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación.
“Con la Fiscalía se ha venido adelantando unas negociaciones al respecto. Cuando observamos la audiencia de preacuerdo encontramos que había una obligación de Alfonso Quinchanegua para colaborar con la justicia”, explicó el abogado.
Gutiérrez también señaló que su cliente ha proporcionado información relevante a las autoridades y que están en espera de lograr un “principio de oportunidad” con la Fiscalía, lo cual podría influir en el desarrollo de su condena”. Lea también: Marelbys Meza rompe el silencio y da fuertes declaraciones
“Estamos llegando al punto en el que esperamos un principio de oportunidad que se está haciendo paralelamente. Estamos en el trámite de entregar información”, agregó.
A pesar de que Gutiérrez evitó nombrar a funcionarios que habrían ordenado las interceptaciones a Meza, indicó que el patrullero Quinchanegua habría actuado bajo presión de superiores. Según el abogado, estos superiores estarían relacionados con la Presidencia de la República, aunque aclaró que no se refiere directamente al despacho presidencial, sino a miembros de la Policía Nacional que forman parte de esa institución.
El abogado calificó la condena de 10 años de prisión como “excesivamente alta”, considerando la colaboración de su cliente con las autoridades. En este sentido, confirmó que ya se presentó un recurso de apelación para revisar la sentencia. Le puede interesar: Fiscalía reafirma que Laura Sarabia estaba al tanto del polígrafo a Marelbys Meza
Sobre la posible vinculación de otros funcionarios en el caso, Gutiérrez admitió que no tiene detalles sobre si aquellos que dieron la orden para las interceptaciones están buscando acuerdos con la Fiscalía. Sin embargo, mencionó que “algunos se han puesto a disposición porque han sido mencionados en los principios de oportunidad”, lo que podría indicar futuras acciones legales contra más involucrados.
Por ahora, el proceso judicial continúa, y la sentencia contra Quinchanegua y Canizales marca solo el inicio de un caso que podría tener implicaciones mayores, dependiendo de las revelaciones y acuerdos que se logren en las próximas fases de la investigación.