La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia dio inicio este jueves al primer juicio adversarial desde su creación, proceso en el que se enfrenta el coronel retirado del Ejército, Publio Hernán Mejía. El exmilitar está acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, cargos que ha rechazado formalmente.
Mejía, quien se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre 2002 y 2005, es señalado de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos, específicamente en ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron durante el conflicto armado en Colombia entre los años 2002 y 2004. Lea: Clan del Golfo hizo bailar a 5 indígenas y las secuestró: vea detalles
El juicio en su contra, que se lleva a cabo en la ciudad de Valledupar, en el departamento del Cesar, inició con una audiencia preparatoria en la que Mejía reafirmó su negativa a aceptar los cargos en su contra, lo que activó el proceso adversarial. Esta modalidad dentro de la JEP se aplica cuando los acusados no colaboran con la entrega de verdad plena ni reconocen responsabilidad sobre los delitos imputados.
A lo largo del proceso, que se extenderá entre septiembre y diciembre de 2024, se presentarán diversas audiencias clave. Las fechas finales del juicio han sido fijadas para los días 3 y 4 de diciembre de este año. Este proceso judicial tiene particular relevancia, ya que es la primera vez que la JEP implementa un modelo adversarial dentro de su sistema de justicia transicional, lo que garantiza un espacio significativo para que las víctimas participen de manera activa.
Uno de los aspectos innovadores de este juicio es la posibilidad de que los abogados de las víctimas hagan preguntas adicionales, un paso que busca fortalecer la voz y participación de quienes fueron directamente afectados por los crímenes. Esto representa un avance en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado. Le puede interesar: En cámaras quedó registrado el asesinato de dos soldados en Arauca
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que actúa como la fiscalía en este caso, ha acusado a Mejía de estar involucrado en al menos 35 incidentes representativos que resultaron en la victimización de 72 personas en las regiones del norte del Cesar y el sur de La Guajira. Estos hechos corresponden a las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, donde civiles fueron presentados como bajas en combate para inflar los logros operativos de las fuerzas militares.
El juicio también contará con la participación de importantes figuras políticas, como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, quienes han sido llamados a testificar como testigos en este proceso. Su participación podría arrojar luz sobre el contexto en el que ocurrieron estos crímenes y el papel que las altas esferas de gobierno desempeñaron en las políticas de seguridad durante el conflicto armado.
El caso de Mejía está enmarcado en el conocido Caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que luego fueron reportados como muertos en combate por miembros del Ejército. En este contexto, la JEP le imputó en 2021 cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, atribuyéndole la responsabilidad de ser el autor intelectual de las ejecuciones cometidas bajo su mando. Lea también: 8 infantes de Marina heridos tras ataque con explosivos en Timbiquí
La investigación ha determinado que Mejía, en su posición de mando en el Batallón La Popa, tuvo una participación directa y determinante en la muerte de al menos 75 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003. Debido a su negativa de aceptar responsabilidad en los hechos, la JEP remitió el caso a la UIA para continuar con el proceso judicial adversarial.
Este juicio adversarial marcará un hito en el sistema de justicia transicional de Colombia, al poner a prueba la capacidad de la JEP para llevar a cabo un juicio completo con las garantías procesales tanto para los acusados como para las víctimas. Además, sienta un precedente importante sobre la responsabilidad de los altos mandos militares en crímenes graves durante el conflicto armado.