La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre un posible riesgo de racionamiento y cese en la prestación del servicio de energía eléctrica en diversas regiones del país, debido a un retraso en el pago de subsidios por parte del Ministerio de Minas y Energía. Este retraso afecta a empresas prestadoras del servicio en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada), lo que podría dejar a más de 10 millones de personas sin acceso a electricidad en estas zonas.
Según el informe del ente de control, “se ha establecido que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. Esta situación, advierte la Contraloría, “puede derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía”. Lea: Incremento del precio del diésel: así lo justifica Gustavo Petro
La Contraloría subraya que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios recae sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha conocido de ninguna actuación por parte de estas entidades, lo cual resulta preocupante dada la gravedad del escenario.
El Contralor General ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional, así como a los ministerios y superintendencias involucradas, para que tomen “las acciones que consideren idóneas para prevenir la afectación en la prestación del servicio público de energía eléctrica a las comunidades indicadas y evitar el riesgo sistémico que se cierne a nivel nacional”. Entre las medidas sugeridas, se destaca la necesidad de regularizar el giro oportuno de los subsidios de energía. Le puede interesar: Precio del combustible en Colombia sube: ¿cómo ahorrar gasolina?
Además del retraso en los subsidios, la Contraloría también señala otros factores que agravan la situación. Entre ellos, “la falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de ‘la opción tarifaria’”, una medida que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares. Asimismo, el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista de energía podría limitar el suministro de energía por parte de los generadores a estas empresas, especialmente en la Costa Caribe.
El organismo de control enfatiza que la combinación de “el no pago de los subsidios por parte del Gobierno nacional; los ingresos no recaudados por la ‘opción tarifaria’, y el incumplimiento de los operadores de red con el mercado mayorista” constituyen un “grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio”, lo que podría afectar servicios esenciales como salud, educación, comercio, e incluso el acueducto. Lea también: Ecopetrol alerta sobre posible escasez de gas en Colombia
En sus estudios recientes, la Contraloría ha reiterado la importancia de la seguridad y confiabilidad energética. En un análisis realizado en 2022, ya se había advertido sobre los retos persistentes en la región Caribe, relacionados con los giros de subsidios y el pago de consumos, que incluyen entidades públicas del orden municipal y departamental.
La sostenibilidad del servicio de energía, concluye la Contraloría, depende de la resolución de estos problemas críticos. En particular, la falta de disponibilidad y pago de subsidios por parte de los fondos gubernamentales podría poner en riesgo la prestación del servicio en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira. Siga leyendo: No habrá proyecto de inversiones forzosas: hubo acuerdo entre el Gobierno y bancos
Finalmente, el ente de control advirtió a las autoridades locales sobre la necesidad de garantizar la apropiación de recursos presupuestales suficientes para el pago de servicios públicos. La falta de estos rubros, advierte la Contraloría, podría constituir una falta disciplinaria grave y desencadenar sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación.