El Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia en Valledupar los días 14 y 15 de agosto, durante la cual más de 100 víctimas tuvieron la oportunidad de ser escuchadas.
Esta audiencia se enmarca en el proceso de definición de sanciones para 12 exmiembros del Batallón de Artillería No. 02 ‘La Popa’, quienes admitieron su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas, hechos que fueron falsamente reportados como bajas en combate entre los años 2002 y 2005.
Las víctimas, junto con representantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, participaron activamente en la audiencia, presentando propuestas concretas para proyectos de reparación. Estas iniciativas están orientadas a mitigar el daño sufrido por las comunidades afectadas y a mejorar su calidad de vida a través de la implementación de programas que respondan a sus necesidades específicas. La participación de estas comunidades es crucial, ya que las reparaciones buscan no solo una compensación económica, sino también un reconocimiento del daño y una acción que contribuya a la reconstrucción del tejido social. Le puede interesar: Más de 70 exmilitares aceptarán cargos por crímenes de guerra en Colombia
El proceso fue liderado por las magistradas Ana Manuela Ochoa y Zoraida Chalela, junto al magistrado Camilo Suárez, quienes escucharon atentamente las intervenciones de las víctimas, que expresaron tanto sus sufrimientos como sus expectativas respecto a las sanciones y las medidas de reparación.
Además, durante la audiencia se realizó un emotivo minuto de silencio en honor a Édgar Beltrán Hurtado y Albeiro Flórez Hernández, cuyas familias han solicitado la localización y recuperación de sus restos, presuntamente sepultados en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar.
La audiencia también contó con la participación de representantes de la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, ONU Derechos Humanos, entre otras instituciones. Estas entidades estarán encargadas de supervisar la implementación de las sanciones que se impondrán a los responsables, las cuales incluirán trabajos y actividades orientadas a reparar el daño causado a las víctimas y sus comunidades, promoviendo así un proceso de reconciliación y justicia restaurativa.