En un fallo emitido este viernes, el Consejo de Estado confirmó la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar a cabo investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esta decisión surgió en medio de la controversia generada por las investigaciones que el CNE inició en febrero de 2023, donde se cuestionaban los ingresos y gastos reportados durante las campañas de consulta interpartidista y presidencial de 2022.
El pronunciamiento del Consejo de Estado señala que el CNE está plenamente autorizado para continuar con su investigación administrativa y, en caso de encontrar irregularidades, imponer sanciones administrativas pertinentes. Sin embargo, dejó claro que el CNE no tiene la capacidad para aplicar sanciones que impliquen la pérdida de investidura o la destitución de cargos. Lea: Polémica en la Policía por cambio de color de los vehículos de la institución
El fallo también hizo referencia a la solicitud de $20.385 millones realizada por la Procuraduría al Ministerio de Hacienda, aclarando que estos recursos no solo son necesarios para los concursos de méritos, sino también para financiar las investigaciones correspondientes a la financiación de campañas electorales.
Esta decisión llega en respuesta a una solicitud presentada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que había argumentado que el Congreso era la única entidad competente para decidir sobre sanciones que pudieran afectar al presidente en funciones. La controversia se intensificó tras la intervención de los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, quienes sugirieron la necesidad de una investigación más exhaustiva contra Petro. Le puede interesar: Exigen claridad sobre implementación de nueva plataforma para pasaportes
El entorno presidencial expresó su preocupación ante esta propuesta, dado que la Constitución establece que cualquier investigación que implique la posibilidad de destitución del presidente debe ser llevada a cabo por la Comisión de Acusación del Congreso. No obstante, el fallo del Consejo de Estado refuerza la autonomía del CNE para gestionar las investigaciones administrativas sobre financiación de campañas.
En un pronunciamiento paralelo, la Corte Constitucional también abordó el conflicto de competencias, confirmando que el CNE es el ente encargado de investigar las posibles violaciones a los topes legales de campaña, mientras que cualquier sanción de mayor gravedad debe ser resuelta por el Congreso.