En un reciente informe, la Contraloría General de la República reveló la existencia de 24 hallazgos fiscales que ascienden a $15.549 millones, como resultado de una exhaustiva Auditoría Financiera realizada a los estados financieros y la información presupuestal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) correspondiente al 31 de diciembre de 2023. Esta auditoría también identificó un total de 147 hallazgos administrativos, de los cuales 70 podrían tener repercusiones disciplinarias.
La auditoría se llevó a cabo en la Dirección General del ICBF y en 14 puntos de control distribuidos en las Direcciones Regionales de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander y Sucre. Además de los hallazgos fiscales, se registraron cuatro con otras incidencias, 18 que motivan indagaciones preliminares, y dos solicitudes para iniciar procesos administrativos sancionatorios fiscales. Lea: USO advierte sobre riesgos para el futuro de Ecopetrol tras fallida inversión
El ICBF manejó ingresos por $9.08 billones durante la vigencia 2023, lo que representa un incremento del 12,74% respecto al año anterior. De estos ingresos, $5.23 billones provinieron de aportes de la Nación, mientras que $3.84 billones correspondieron a recursos propios, de los cuales el 88,13% se originó de la parafiscalidad del 3%. Sin embargo, la ejecución presupuestal de los gastos del ICBF para 2023 alcanzó solo el 94,94%, lo que indica que una parte significativa de los recursos asignados no fue utilizada de manera efectiva.
La Contraloría subrayó la pérdida de apropiación de $111.642 millones a nivel nacional, situación que no fue adecuadamente abordada por el ICBF, pese a las recomendaciones emitidas por el Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de la entidad. Esta falta de acción ha generado preocupaciones sobre la eficiencia en la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Los programas destinados al desarrollo integral de niños y adolescentes fueron los que presentaron las tasas de ejecución más bajas. En particular, los programas de apoyo al desarrollo integral de niñas y niños de 6 a 13 años y de proyectos de vida para adolescentes y jóvenes tuvieron una ejecución del 66,4% y 56,99%, respectivamente. Le puede interesar: Polémica por contratación de influencers en la Superintendencia de Servicios
En cuanto a los recursos de funcionamiento, la auditoría evidenció que los rubros de adquisición de bienes y servicios y transferencias corrientes mostraron las ejecuciones más bajas, con un 44,99% y 44,68%, respectivamente. Estas cifras ponen en tela de juicio la capacidad del ICBF para gestionar eficientemente los recursos que se le asignan.
La planeación presupuestal para 2023 también presentó deficiencias significativas, lo que llevó a una solicitud de reducción presupuestal que no fue aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación impactó negativamente la ejecución de los recursos destinados a personal, transferencias corrientes e inversión.
Entre los principales hallazgos de la auditoría, se destacan problemas de supervisión relacionados con el pago de raciones familiares que no fueron entregadas, compras no autorizadas, y deficiencias en la gestión documental de los expedientes contractuales. Además, se identificaron dificultades en la entrega oportuna de información, particularmente en relación con un convenio firmado entre el ICBF y las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Lea también: ¿Seguirá Thomas Greg & Sons al frente del contrato de los pasaportes?
La auditoría también reveló la existencia de dos obras inconclusas en la ciudad de Ibagué, correspondientes a los hogares infantiles Payasito y Copetín. Estas obras, que han generado gastos adicionales para el ICBF, se encuentran en estado de abandono y no cumplieron con los objetivos del contrato.
Por otra parte, la Contraloría destacó tres hallazgos de gran magnitud. Uno de ellos, con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, involucra recursos por $2.202 millones que fueron entregados a operadores de contratos y que no han sido ejecutados ni reintegrados. Otros dos hallazgos, con una suma de $4.904 millones, corresponden a recursos no soportados en su ejecución. Siga leyendo: DIAN levantó contingencia: contribuyentes ya pueden declarar renta sin problemas
Finalmente, el informe concluyó con la identificación de un detrimento fiscal de $1.920 millones, resultado de la inejecución de los recursos, los cuales no han sido reinvertidos o reintegrados, generando un daño al patrimonio público.