Un análisis reciente realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha revelado la contratación de influencers por parte de entidades del Estado colombiano para asesorar en comunicaciones al Gobierno. Según el informe, estos contratos, que suman más de $660 millones, han sido firmados principalmente por la Presidencia de la República y RTVC. La publicación de este análisis ha provocado una oleada de críticas por parte de algunos influencers hacia los medios de comunicación masivos.
Entre los influencers contratados se encuentra Walter Rodríguez, conocido como Wally en sus videos de YouTube. Rodríguez firmó un contrato de contenidos con RTVC por un valor superior a $45 millones. En respuesta a las críticas, Rodríguez declaró en una entrevista con el director de Blu Radio, Néstor Morales, que “no existen influencers a los que les paguen por sus opiniones libres en sus redes sociales”, defendiendo así la autonomía de sus publicaciones. Lea: La propuesta de Gustavo Petro para evitar la venta de Tigo UNE
No obstante, una investigación de El Colombiano ha revelado un caso que podría implicar serios cuestionamientos éticos y un posible conflicto de interés. Se trata del contrato de Laura Camila Vargas, periodista y profesional en Relaciones Internacionales, reconocida en redes sociales por sus videos en Instagram y TikTok, y quien apoyó la campaña del presidente Gustavo Petro. Vargas firmó un contrato con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por un valor de $46.809.089, que se pagaría en ocho cuotas mensuales de más de $8 millones cada una.
El contrato de Vargas fue firmado bajo la modalidad de contratación directa y tiene como objetivo “prestar servicios profesionales como Comunicadora Social y/o Periodista para fortalecer la divulgación hacia la ciudadanía, mediante la generación de campañas y contenidos informativos, pedagógicos y especializados digitales”. Sin embargo, el documento no especifica claramente qué tipo de contenidos deben producirse ni en qué canales deben ser difundidos, lo que ha generado dudas sobre la posibilidad de que estos contenidos se publiquen en las redes personales de los contratistas.
Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos y abogado cercano al presidente Petro, ha sido señalado en investigaciones relacionadas con las finanzas de la campaña del mandatario, debido a su rol como representante legal de Colombia Humana en 2021. “El contexto más importante de Quiroga hoy es una reforma a la ley de servicios públicos que busca, según sus propias palabras, que los usuarios puedan tener precios más justos y más equilibrados en los servicios que utilizan. Eso ha sido particularmente un caballo de batalla para el Presidente en el precio de la energía. Vargas publicó un video en las últimas semanas en el que habla con el detalle de quien lleva años entendiendo los temas de las fórmulas de energía cuestionando a las electrificadoras y las empresas del sector por los precios que reciben los usuarios finales en sus recibos. El video fue publicado directamente en su cuenta de Instagram, pero nunca le advirtió a su audiencia del contrato con la Superintendencia”, indicó en la publicación de El Colombiano. Le puede interesar: ¿Seguirá Thomas Greg & Sons al frente del contrato de los pasaportes?
“Es inhumano tener que elegir entre hacer mercado o pagar la luz”, afirmó Vargas en la descripción del video, donde también criticó a la empresa Air-e por los cortes de energía programados en la Costa Caribe, donde presta sus servicios. A pesar de la relevancia de su contrato con la Superintendencia, Vargas no mencionó en el video que el contenido podría estar vinculado a dicho contrato.
El video de Vargas incluye una explicación detallada sobre los periodos de continuidad y los decretos que regulan las pérdidas y el recaudo de energía. “Lo que hemos visto acá es que en una lógica empresarial para evitar pérdidas se terminan vulnerando los derechos básicos de las personas”, afirmó la influencer en el audivisual. Al final del contenido, Vargas elogió a la Superintendencia y a Quiroga por haber logrado acuerdos con las empresas para congelar deudas y establecer planes de pago, aunque nuevamente, no mencionó su relación contractual con la entidad.
Este tipo de prácticas ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y ética en la producción de contenido patrocinado, especialmente cuando se trata de entidades públicas encargadas de la regulación y vigilancia de sectores estratégicos como el de la energía. La falta de claridad en la distinción entre contenidos patrocinados y no patrocinados en las redes sociales de los influencers ha sido duramente criticada, ya que podría influir indebidamente en la opinión pública. Siga leyendo: La meteórica ascensión del exdiputado catalán Xavier Vendrell en Colombia
Tres fuentes dentro de la Superintendencia de Servicios Públicos confirmaron al citado medio que el contenido del video de Vargas fue elaborado en base a un libreto inicial y aprobado por Fabio Rodríguez, el nuevo jefe de comunicaciones de la entidad. Rodríguez defendió el trabajo de Vargas, asegurando que “Laura está en la Superintendencia hace poco tiempo y las funciones de su contrato se relacionan con la asesoría en comunicaciones, manejo de redes y creación de contenido, pero nada tiene que ver lo que ella haga o publique en sus redes personales”.
Por su parte, Laura Camila Vargas también defendió su trayectoria profesional y la pertinencia de su contrato con la Superintendencia. “Yo estoy asesorando a la Superintendencia en temas de comunicaciones, campañas digitales, redes sociales, pedagogía, creación de videos (...) tengo más de 8 años de experiencia, he trabajado en medios como Última Hora Colombia, El Tiempo, Keep Up”, afirmó Vargas en respuesta a las preguntas de El Colombiano. Además, destacó que cuenta con dos carreras y una maestría en Marketing Digital, lo que justificaría los honorarios pactados en su contrato.