En un comunicado difundido este fin de semana, el ‘frente de Guerra Occidental Ómar Gómez’ del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que el paro armado impuesto en el departamento de Chocó será levantado a partir de este lunes festivo a las 6 de la mañana. Esta situación de violencia, que se extendió durante una semana, dejó como saldo cerca de 50.000 personas confinadas y tres víctimas fatales.
El ELN, a través de su comunicado, responsabilizó al Estado colombiano de la crisis humanitaria que afecta al Chocó. Según la guerrilla, “la actual crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó no se debe al accionar del ELN, es el resultado del abandono estatal, del incumplimiento de sus responsabilidades sociales y la falta de voluntad política para brindar a las comunidades condiciones de vida digna que garanticen la preservación de sus costumbres y su diversidad cultural”. Lea: Crean agencia especial para investigar presunto atentado en el Palacio de Justicia
La organización insurgente denunció además la impunidad con la que, según ellos, actúan las fuerzas de seguridad del Estado en la región, afirmando que “en estos territorios, habitados por una población sumida en la pobreza, todo lo que hacen las fuerzas represivas del Estado, llámese policía, ejército, armada o paramilitares, en contra de las comunidades, queda en la impunidad y es ocultado por los medios masivos de desinformación”.
En su declaración, el ELN hizo un llamado a diversas organizaciones de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia y a las autoridades locales para que se pronuncien sobre la situación real que se vive en el Chocó. “La verdadera lucha es estar al lado de las comunidades y denunciar el matrimonio entre fuerza pública y el paramilitarismo”, aseveraron, resaltando la necesidad de exponer lo que consideran el “accionar criminal del Estado”. Le puede interesar: Gobierno Petro exige al Eln asumir responsabilidad por crisis en diálogos de paz
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por la vulneración de los derechos humanos en la región, señalando que los niños han sido los más afectados por el conflicto. Según la entidad, alrededor de 5.000 menores de edad de 85 comunidades afrodescendientes e indígenas han visto interrumpidas sus clases debido a las amenazas contra los docentes.
El paro armado ha impactado principalmente a la subregión del San Juan, afectando tanto áreas urbanas como rurales de municipios como Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan. Las brigadas de atención no han podido acceder a estas zonas, lo que ha agravado la escasez de medicamentos y servicios básicos. Lea también: ELN rechazó “propuesta confidencial” de Gustavo Petro para reactivar diálogos
Además de la crisis sanitaria, la interrupción de los diferentes tipos de transporte, tanto terrestre como fluvial, ha generado desabastecimiento de alimentos y otros productos esenciales en la canasta básica. Los precios de los pocos productos disponibles han incrementado significativamente, exacerbando la inseguridad alimentaria en la región.
Finalmente, el ELN agradeció a la población por haber acatado las órdenes durante el paro armado, subrayando que no se presentaron incidentes mayores y exhortando a las comunidades a continuar organizándose para luchar por “la dignidad y la defensa del territorio y la vida”.