En respuesta a la reciente revelación de un presunto plan para atentar contra el Palacio de Justicia en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación ha decidido constituir una agencia especial que acompañará a la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los hechos. Este anuncio se hizo tras el descubrimiento de explosivos y una maqueta del edificio en un allanamiento realizado en el sur de la capital.
El documento emitido por la Procuraduría, indica la creación de la agencia especial, la cual se fundamenta en la facultad otorgada por el artículo 36 del Decreto Ley 262 de 2000 y otras resoluciones relacionadas. “Atendiendo la connotación de los hechos, se dispone a CONSTITUIR la presente agencia especial”, se lee en el comunicado oficial. Lea: Alerta de atentado en la Corte Suprema: El Gobierno refuerza la seguridad
La Procuraduría designó al titular de la Procuraduría 175 Judicial I Penal para que represente al Ministerio Público en la investigación. Esta indagación, registrada bajo el número 110016000097202410199, está a cargo de la Fiscalía 176 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales.
Según el documento, el agente especial deberá notificar de inmediato su designación al despacho correspondiente y presentar un informe inicial pormenorizado sobre el estado de la investigación en un plazo de cinco días. Además, se requerirán reportes bimensuales para mantener informados a los organismos competentes sobre los avances del caso.
El general William Salamanca, director de la Policía Nacional, confirmó que tras la alerta, ya se ha implementado un dispositivo especial de seguridad en torno al Palacio de Justicia. “La seguridad del Palacio de Justicia está fortalecida, hay una instrucción del mismo presidente de la República, del mismo ministro de Defensa Nacional, de contribuir con la seguridad de la Casa de la Justicia en Colombia”, afirmó el alto oficial. Le puede interesar: Planeaban atentar contra la Corte Suprema: esto descubrieron las autoridades
La revelación del presunto plan fue hecha por el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, durante una sesión de la Sala Plena celebrada el 15 de agosto, tras una alerta por parte de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.