A dos años de su posesión, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta una realidad distante de sus promesas iniciales de transparencia y lucha contra la corrupción. Durante este tiempo, varios escándalos han salpicado a figuras clave de su administración, cuestionando su capacidad para avanzar en su agenda de transformación.
Desde el 7 de agosto de 2022, Petro prometió cambios significativos y una lucha frontal contra la corrupción como prioridad. Sin embargo, los últimos 24 meses han estado marcados por controversias que han debilitado su gestión y su coalición política. Los avances en investigaciones judiciales, como las relacionadas con Marelbys Meza y la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), han sido limitados. Lea también: Gasolina en Colombia: así quedaron los nuevos precios en las diferentes ciudades
Uno de los primeros episodios críticos fue la propuesta de excarcelación automática de miembros de la Primera Línea, considerados presos políticos por el gobierno. Esta iniciativa generó controversia y cuestionamientos sobre el respeto a la independencia judicial.
El conflicto con el Distrito de Bogotá por la construcción de la primera línea del metro, con amenazas de retirar el financiamiento si no se aceptaban cambios en el diseño, también evidenció tensiones internas.
La situación se agravó con la disolución de la coalición política en el Congreso, anunciada por Petro en abril de 2023. Este movimiento provocó una crisis política y la renuncia de todo su gabinete, revelando fracturas internas y desacuerdos, especialmente en relación con la reforma a la salud.
Uno de los escándalos más relevantes involucra a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, acusado de recibir dinero ilícito para la campaña presidencial de 2022. Las revelaciones de su exesposa, Days Vásquez, mencionaron a personajes controvertidos como Santander Lopesierra y Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca.
Además, las denuncias de interceptaciones ilegales en el caso de Marelbys Meza han puesto en evidencia un entorno de intrigas dentro del círculo cercano al mandatario.
El caso de la UNGRD ha sumado más controversia, con irregularidades en la contratación de proyectos de suministro de agua en La Guajira y en obras de mitigación en varios departamentos. Las declaraciones de Olmedo López han vinculado al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a una congresista de Arauca con la entrega de contratos al grupo guerrillero ELN, abriendo varias líneas de investigación en la Corte Suprema.
Avances judiciales y situación actual
Las investigaciones sobre estos escándalos han avanzado de manera desigual. En el caso de la UNGRD, se espera que la Fiscalía solicite medidas de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López, acusados de corrupción. Asimismo, se avecinan nuevas revelaciones sobre posibles implicados en el entramado.
El proceso judicial contra Nicolás Petro continúa bajo la supervisión de la fiscal Lucy Marcela Laborde. Petro enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, mientras su defensa insiste en su inocencia.
La defensa de Marelbys Meza espera que la Corte Constitucional decida sobre el conflicto de competencias en el proceso contra el coronel Carlos Alberto Feria, acusado de ordenar la prueba de polígrafo. La Corte debe determinar si el caso seguirá en la justicia ordinaria o será transferido a la jurisdicción militar.
Estrategias y respuestas de Petro
Germán González, consultor y analista político, observa que el presidente Gustavo Petro ha comenzado a rodearse de personas de confianza. Destaca que muchos de los nuevos ministros tienen experiencia previa en el gobierno o colaboraron con él durante su gestión como alcalde de Bogotá.
“El nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior es un intento de revitalizar el diálogo con el Congreso y establecer puentes con diversos sectores políticos y productivos”, comentó González. Cristo llegó para calmar las aguas respecto a la idea de una Constituyente y el Fast Track, propuestas que alguna vez esbozó Petro. Lea también: Rodolfo Hernández: de nuevo en UCI por complicación en su última operación
En una muestra de conciliación, el presidente pidió perdón en su discurso de apertura de la tercera legislatura del Congreso, especialmente por el escándalo de presunta corrupción en la UNGRD. Durante su intervención, Petro también invitó a los legisladores a colaborar en la construcción de una agenda consensuada.
Mirando al futuro
Los escándalos de corrupción y la búsqueda de apoyo legislativo no son novedad en el país y no comenzaron con este gobierno. Sin embargo, estos eventos alimentan la narrativa opositora de cara a las elecciones de 2026. Aunque los fallos judiciales sobre estos casos podrían tardar varios años, es probable que el escándalo de corrupción continúe empañando la administración de Petro y afectando políticamente a los funcionarios implicados que aún permanecen en el gobierno.
Según González, es importante destacar que, hasta la fecha, el Presidente no ha sido directamente involucrado en estas acusaciones. De ser así, cualquier investigación tendría que ser conducida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un proceso en el que es poco probable que se llegue a un juicio político contra el mandatario.