La Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión en la que solicita reforzar la seguridad de los excombatientes del Acuerdo de Paz, tras identificar serias amenazas en ocho regiones del país.
La Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional, reveló un panorama alarmante en regiones como noroccidente, suroccidente, sur-Amazonía, Caribe, nororiente, centro andina, centro oriente y Orinoquía, donde los excombatientes enfrentan riesgos extraordinarios que afectan su reincorporación. Lea aquí: Proyecto de ley busca penalizar la zoofilia en Colombia
Entre el 23 de agosto de 2023 y el 19 de julio de 2024, la Sala Especial documentó la persistencia de amenazas graves, homicidios y atentados dirigidos contra la población firmante del Acuerdo de Paz. La Corte expresó especial preocupación por la macro victimización en el sur del país, destacando áreas como Miravalle, donde la situación ha llevado a muchos excombatientes a considerar el abandono de sus territorios, poniendo en peligro sus proyectos y sustento.
Cerca de 420 firmantes de paz han sido asesinados en Colombia desde 2016, luego de la firma de los acuerdos de paz, situación que ha llevado a que muchos de ellos se desplacen de sus territorios y que reincidan en algún grupo armado.
Como respuesta a esta crisis, la Corte ordenó al ministro de Defensa que informe sobre el estado actual de los dispositivos de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y en las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva en regiones como Antioquia, Chocó y Valle del Cauca.
Además, el ministro del Interior deberá presentar un informe sobre las medidas preventivas y los avances en la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización en las regiones afectadas. Lea también: Gobierno Petro propone extensión técnica de cese al fuego con el ELN
La Corte también manifestó su preocupación por la falta de avances significativos en la judicialización de crímenes contra excombatientes y ha solicitado a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General que intensifique las investigaciones y judicializaciones de las estructuras armadas ilegales responsables de estos delitos.
En cuanto a la protección, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha recibido la orden de reevaluar los riesgos en los AETCR y áreas de reincorporación, implementando medidas diferenciadas para zonas cercanas a grupos étnicos. Finalmente, la Corte ha instado a las entidades correspondientes a cumplir con el plan piloto para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz en el AETCR Miravalle y sus alrededores.
Esta decisión subraya la necesidad urgente de una respuesta integral y coordinada para asegurar la vida y la seguridad de los excombatientes, quienes continúan enfrentando violencias significativas en su proceso de reincorporación a la sociedad.