Este miércoles llega al Congreso un proyecto de ley que promete encender el debate y generar controversia. La iniciativa busca prohibir la comercialización y distribución de indumentaria, objetos o imágenes alusivas a personas condenadas, en particular personajes como Pablo Escobar o Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”. Además, se vetaría el uso y porte de símbolos referentes a este tipo de sujetos.
El fenómeno, que se presenta no solo en otras partes del país sino a nivel mundial con figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Al Capone, es especialmente visible en Antioquia. En esta región es común encontrar locales comerciales, tiendas y caspetes donde proliferan toda suerte de objetos alusivos al fallecido narcotraficante Pablo Escobar y algunos de sus secuaces.
Llaveros, camisetas, gorras y hasta imágenes de su cédula forman parte del amplio ramillete de “recuerdos” o souvenirs disponibles. Incluso, se ofrecen tours para visitar las propiedades de Escobar y, hasta hace poco, existía en Medellín un museo erigido por la familia de “el Patrón”. Lea aquí: Rapero estadounidense aseguró que sostuvo una amistad íntima con Pablo Escobar
El representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde y oriundo de Santander, radicó la iniciativa con el objetivo de “superar esta estigmatización y paradigmas culturales”. Avendaño explica que busca que el Estado adopte “medidas para contrarrestar el narcoturismo, el turismo sexual y la venta de artículos que exaltan y vanaglorian la imagen de narcotraficantes y criminales como modelos a seguir por las presentes y futuras generaciones”.
El proyecto añade un artículo al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana para sancionar a quienes comercialicen, distribuyan, usen o porten símbolos o material audiovisual que exalte la imagen de personas condenadas. Se contemplan multas de entre $173,000 y $693,000, así como la suspensión temporal de la actividad o la destrucción del bien.
Sin embargo, se exceptúa el material destinado para hacer pedagogía ciudadana o investigación, así como para la propaganda electoral de condenados que hayan cumplido su pena y se encuentren habilitados para participar en comicios electorales. Lea también: Fiscalía ocupa bienes de más de $4 mil millones del hermano de Escobar
La iniciativa genera una intensa discusión, ya que no solo afecta a quienes dependen de este tipo de comercio para subsistir, sino que también toca temas de libertad de expresión. La Constitución consagra como derecho fundamental expresar y difundir el pensamiento y opiniones, bien sea a través de camisetas o llaveros.
Frente a esta controversia, Avendaño asegura que no cree que la restricción “afecte a muchos” y ha solicitado al Gobierno estudios de caracterización de quienes se lucran de estas actividades. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuestas y persiste el subregistro.
“No hay ninguna información oficial o caracterización de qué personas podrían vivir de este tipo de actividades y qué impacto económico podría tener. Queremos abrir el debate entendiendo ese riesgo y planteando que esas personas tengan algún apoyo para la reconversión de su actividad”, explica Avendaño. Le puede interesar: Fiscalía ocupa el museo de Pablo Escobar treinta años después de su muerte
La iniciativa no contempla ningún tipo de apoyo para quienes subsisten de este tipo de comercio. Para Avendaño, se trata de un aspecto que se puede incluir a medida que avance la discusión. “Haciendo un análisis, muy de calle, observamos que las personas que dependen de esta actividad lo hacen como adyacente a su actividad principal. Es decir, comercializan prendas, pero no todas de Escobar, por ejemplo”.
Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señalan que la mayoría de los comerciantes de este tipo de actividades son informales, por lo que no hay “ningún registro”.
La profesora Marcela Anzola, abogada y consultora independiente, indica que, si bien la Superintendencia de Industria y Comercio se ha negado a registrar marcas como “Pablo Escobar” para publicidad, museos o videos, sí los ha avalado para vestidos o calzado, y estudia darle vía libre a asuntos relacionados con cervezas, servicios turísticos y hasta restaurantes.
No obstante, Anzola advierte que “hay dudas frente a la capacidad que haya para implementarlo. Cuántos policías o cuántos jueces se dedicarán a sancionar”. Siga leyendo: Por usar sticker de Pablo Escobar en Whatsapp, mujer demandó a su vecino
En cuanto al debate sobre la libertad de expresión, la catedrática señala que la mejor vía ha sido abstenerse de dar propiedad intelectual a quienes pretenden explotar comercialmente a personajes cuestionados. “Que la familia de Escobar explote la marca no estaría bien. Que la gente lo quiera usar libremente como libertad de expresión está perfecto, como sucede con el Che Guevara. Pero no como lucro”.
El representante Avendaño reconoce que extender la prohibición al uso y porte de elementos alusivos a condenados podría afectar la libertad de expresión, pero insiste en que se trata de asuntos que se corregirán durante la discusión y que la prioridad ahora es abrir el debate. Señala que aún no tienen el respaldo del Gobierno de Gustavo Petro, aunque sí el apoyo de algunos congresistas.
Avendaño subraya que los procesos de reconvención económica para quienes derivan su sustento de esta actividad comercial deben ser adelantados por el Ministerio de Industria y Comercio, con un acompañamiento técnico e incluso financiero. “A corto plazo eso puede tener una implicación, pero a largo plazo traerá beneficios. No podemos pretender atraer más turismo promoviendo una imagen negativa de violencia, destrucción y muerte”, concluye. Lea acá: La ayudó a levantarse: Karol G aclara su vínculo con Pablo Escobar
El proyecto podría incluir un régimen de transición y que las multas contra quienes sean sancionados inicialmente sean pedagógicas. La discusión promete ser larga y llena de aristas, con posturas encontradas sobre la mejor manera de abordar el problema sin afectar derechos fundamentales ni la economía de quienes dependen de este tipo de comercio.