Se trata del sargento segundo Edwar Egidio Garzón Lozano, alias ‘Kevin’, y los civiles Andrés Humberto Alzate, Ruth Caballero Ardila, alias ‘La Mona’, y Karen Margarita Dávila Sánchez.
Según la investigación, el sargento utilizó su posición en el Ejército para suministrar información relacionada con movimientos de tropa a las estructuras 33 y 37 de las disidencias de las FARC.
De esta forma, le entregaba información a Alzate, quien a su vez se la entregaba a cabecillas del bloque Magdalena Medio de las disidencias.
Por su parte, Caballero Ardila sería la responsable de vigilar establecimientos de comercio en los municipios de Yondó, en el departamento de Antioquia, y Barrancabermeja, en Santander, para definir posibles víctimas de extorsión, entre otros delitos.
En cuanto a Dávila Sánchez, prestaba su cuenta bancaria para recibir dinero presuntamente producto de extorsiones cometidas en Medellín. Lea: Gobierno ratifica diálogos de paz con el EMC pese a capturas de cabecillas
La Fiscalía imputó a los procesados, según su posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, extorsión y asesoramiento a grupos armados organizados.
Ninguno de los cargos fue aceptado por los investigados y los cuatro acusados fueron enviados a prisión preventiva por un juez de control de garantías.