La petición, presentada en el contexto de una demanda contra el proceso de elección, alegaba que los actos de violencia contra los magistrados de la Corte Suprema durante las sesiones de elección comprometieron su autonomía y libertad de decisión.
Los demandantes afirmaron que las concentraciones de manifestantes alrededor del Palacio de Justicia durante las sesiones de elección y los actos de presión generaron un ambiente que afectó la voluntad de los magistrados. Además, sostuvieron que la terna de candidatos se vio alterada por la renuncia de Amelia Pérez en el día de la elección.
El Consejo de Estado argumentó que, en esta etapa preliminar del proceso, no se ha demostrado que los supuestos actos de violencia hayan influido en la decisión de los electores. La Sección Quinta indicó que la demanda está enfocada en evaluar el impacto jurídico de la renuncia de uno de los candidatos durante el proceso electoral y que corresponde a la sentencia final decidir sobre este aspecto, tras revisar todo el material probatorio disponible.
La Corte Suprema de Justicia y el presidente Gustavo Petro habían defendido la legalidad del proceso, asegurando que la elección se llevó a cabo conforme a las normas constitucionales y sin afectar la independencia de los magistrados. Lea también: Gobierno ratifica diálogos de paz con el EMC pese a capturas de cabecillas
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, también desestimó las acusaciones, afirmando que la demanda no ha demostrado un impacto real en el resultado de la elección debido a los actos de violencia mencionados.